Puerto Naos-ElValle.
La asociación de afectados por la evacuación de Puerto Naos y La Bombilla, de reciente creación, ha decidido recurrir en vía judicial el decreto del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, que mantiene restricciones al acceso a las viviendas y empresas de estos núcleos costeros por el dióxido de carbono (CO2) de origen volcánico.
Así lo avanzó el abogado José Luis Langa, representante legal de este colectivo, durante una videoconferencia organizada por Tierra Bonita, a través de la web solidaria Elvalledearidane.com, y en la que participó la abogada Sonia Almansa, en un acto con público celebrado en el Recinto Ferial de El Paso, que estaba centrado en las reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios de los afectados por la erupción volcánica, pero en el que varias personas del público preguntaron por la situación de Puerto Naos y La Bombilla y se quejaron de que se les prohíba la entrada a sus hogares.
Langa anunció la presentación de este recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y aseguró que lo avala con informes científicos según los cuales las concentraciones de CO2 son “compatibles con la vida”, al tiempo que añadió que “en ningún lugar del mundo se le ha impedido a toda una población no entrar en sus viviendas durante tanto tiempo”, más de un año ya.
En este recurso, el abogado cuestiona la decisión que ha tomado el Cabildo de La Palma, en aplicación del Plan Insular de Emergencias (PEINPAL) y del comité científico asesor, que recomienda mantener el desalojo de ambos núcleos costeros, donde residen unas 1.400 personas, por considerar que la mala calidad del aire en esta zona, por altas concentraciones de CO2 de origen volcánico, puede suponer un riesgo para la salud, con consecuencias que incluso podrían ser mortales.
Langa afirma, según recoge ElValle, que solicitará una medida cautelar para que la población de la zona pueda acceder a sus casas y llamó la atención de que los dos primeros decretos del Cabildo que justificaron estas restricciones no fueron recurridos, hecho que atribuyó a que “probablemente se confió en que se iba a resolver pronto el problema”.
Durante el acto en el Recinto Ferial de El Paso, un vecino de La Bombilla denunció que desde el PEINPAL y su comité científico le enviaron un mensaje al móvil prohibiéndole desde este viernes el acceso con un perito a su vivienda, y lo mismo denunció una vecina de ese mismo barrio, que no ha podido entrar para arreglar un muro.
Según esta afectada, desde la asociación de vecinos de La Bombilla les han comentado que hasta después de Reyes no podrán acudir a sus viviendas porque los bomberos que les acompañaban hasta ahora están de vacaciones hasta entonces.
Tanto Langa como Almansa se mostraron sorprendidos por la forma en que se está prohibiendo a los vecinos entrar en sus propiedades, y ambos juristas opinaron que en estos casos “lo deben denunciar en un Juzgado de Guardia de forma inmediata”.
“¿Quién le prohibió entrar con un perito en su casa de La Bombilla: la Guardia Civil, la Policía Local… y en base a qué orden?”, preguntó el abogado, a lo que el vecino respondió: “Me lo comunicó el PEINPAL y el comité científico en un mensaje de texto”. Al respecto Langa consideró que “se están excediendo en sus funciones y competencias, equiparándose a una autoridad judicial o un guardia civil que siga instrucciones de un juez”.
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La prueba palpable de la incompetencia de la actual administración local y regional es que los ciudadanos tengan que acudir a la Justicia, el Tercer Poder, para hacer valer sus derechos.
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El acceso a la vivienda propia es un derecho constitucional que está siendo vulnerado desde hace un año en esta zona. Sin embargo, en ambientes exteriores, que es donde están midiendo mayoritariamente los niveles de CO2, están transitando vigilantes, trabajadores de las desaladoras, del embarcadero de la Bombilla y agricultores. Para prohibir el acceso a las viviendas tendrían que demostrar que tras ventilar las viviendas y restaurar el suministro de agua, los niveles de gases son apreciablemente superiores a los de cualquier casa del valle; que en las casas donde se prohíba la entrada su dueño estaría expuesto a más de 5.000 ppm durante 8 horas, o que los gases producen algún efecto sobre variables clínicas, y esto habría que demostrarlo cada a casa.
Ya todo el mundo sabe que en Puerto Naos, incluso sin reponer el agua, en segundas plantas que se han ventilado, los niveles de CO2 son parecidos a los de otras casas de otras zonas del valle no excluidas.
El derecho a acceder a la vivienda propia es personal, y si se demuestra que tras ventilar y reponer el agua, los niveles de CO2 son normales, se habrá impedido el acceso a una propiedad privada sin base científica que justifique que en esa vivienda hay gases letales e incompatibles con la vida o que supongan un riesgo para la salud.de sus inquilinos.
Probablemente el contencioso administrativo que presenten tenga fundamentos científicos que lo avalen legalmente, y las consecuencias pueden ser serias para quienes tomaron la decisión de prohibir el acceso sin una orden judicial.
Ya se verá qué ocurre.
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Respetando trabajo de compañeros….
NO LO VEO VIABLE….
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Unos abogados carroñeros son los que denuncian.
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