El PSOE de Breña Baja exige actualizar las bases de las ayudas de emergencia social y crear un baremo justo para su reparto

El PSOE de Breña Baja denuncia que diversos colectivos, como por ejemplo, personas dependientes, sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género o con discapacidad, podrían haber sufrido agravios comparativos debido a falta de gestión de las ayudas de emergencia social del actual grupo de gobierno. El hecho, indica, es que no se ha actualizado la base reguladora a pesar de haberse tenido que hacer hace 4 años con la entrada en vigor de Ley Canaria de Servicios Sociales.

Asimismo, el PSOE de Breña Baja ha podido constatar, tras revisar la información solicitada el pasado 16 de marzo de 2023, que las cantidades económicas concedidas oscilan desde los 300 euros para algunas familias, hasta 3.400 euros para otras para cubrir la misma necesidad.

Los socialistas aclaran que “esto no quiere decir que los técnicos no hagan su trabajo, puesto que elevan la propuesta económica mediante informe técnico al alcalde-presidente de la Corporación o concejal/a responsable de la concejalía de Servicios Sociales, quienes en última instancia son los responsables de interpretar la vigente base reguladora, así como de aprobar o denegar dicha ayuda de emergencia social, según queda recogido en los artículos 6; 7 y 12 de la vigente base reguladora”.

Recuerdan que La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, exige criterios objetivos y homogeneizadores que garanticen una igualdad real. Sin embargo, el

PSOE señala que la disparidad en las cantidades económicas concedidas se debe a que la actual base reguladora no incluye un baremo objetivo, es decir, una puntuación, que establezca a priori las cantidades económicas a percibir en función de las necesidades detectadas y la urgencia social de las mismas. Por ejemplo, a mayor número de menores a cargo, una mayor puntuación; a mayor número de meses en desempleo, una mayor puntuación, etc. Esta situación, advierten desde el PSOE, “ha generado una situación de desconfianza entre los vecinos y vecinas, tal y como nos lo han trasladado en repetidas ocasiones”.

Además de lo señalado anteriormente, el PSOE de Breña Baja critica los recortes progresivos en ayudas de emergencia social impulsados por el Partido Popular de Breña Baja. En el año 2019, el presupuesto a cargo de fondos propios era de 47.655 euros, frente a los 22.000 euros de 2023. Si bien, dichos recortes han sido paulatinos, contando cada año con un menor presupuesto, situándose ahora en menos de un 50%.

Destacan que si el municipio cuenta con dinero para dichas ayudas no es gracias al actual concejal de Servicios Sociales, Fran Martín Castañeda, sino al Gobierno de Canarias que ha reforzado dicha partida con 24.858 euros, tal y como se desprende de la modificación de Créditos no 3/2023, Generación de Créditos por Ingresos de Naturaleza no Tributaria con Expediente n.o: 370/2023, una muestra de que las necesidades no han desaparecido sino aumentado.

“Desde el PSOE de Breña Baja compartimos el carácter temporal y subsidiario de dichas ayudas, pero para que cumplan dicha función éstas deben ir acompañadas de un plan de trabajo individualizado que busque la reducción de la pobreza en el municipio. ¿Qué acciones ha llevado a cabo el actual grupo de gobierno para reducir la pobreza si el número de ayudas concedidas se ha mantenido estable durante los últimos 4 años?”.

Además, indican que “resulta preocupante que el presupuesto de Fiestas en 2023 se sitúe por el momento en 66.000 euros frente a los 22.000 euros de ayudas de emergencia, lo que indica que no se trata tanto de problema económico, sino de prioridades”.

Por último, tal y como ha podido constatar el PSOE de Breña Baja con las facturas recibidas por el Consistorio, el mayor proveedor del Banco de Alimentos gestionado por el propio Ayuntamiento es el marido de una de las concejales. Tan solo por ello debería haberse abstenido debido a un conflicto claro de intereses difícilmente justificable.

En cualquier caso, los socialistas consideran preferible el sistema de las tarjetas – monedero como las que usa para comprar determinados productos de primera necesidad en supermercados, puesto que eliminaría cualquier suspicacia sobre los intermediarios y daría una mayor discreción para los usuarios.