Ejemplo de mal estado de la red de distribución de agua. Archivo.
La Asociación Agua para La Palma reivindica un pacto social e institucional en toda Canarias para consensuar un ambicioso plan de inversiones de manera estratégica y urgente con el fin de renovar de una vez las redes de abasto, antes las “escandalosas” pérdidas de agua, que alcanzan o incluso pueden superar el 50% de los recursos hídricos disponibles en el Archipiélago, tanto por extracción de los acuíferos, como por la desalación marina y la depuración.
La asociación ha informado en una nota de prensa que invitará a colectivos de todas las islas a sumarse a esta propuesta con el fin de formar un frente común, y para ello iniciará contactos con asociaciones y organizaciones de toda la región.
Junto a esta petición, este colectivo ciudadano alerta sobre “la gran mentira” con que “el lobby del agua (en el que determinados intereses políticos se alinean con los de grandes empresas del sector hidráulico y energético) ha logrado desde hace varias décadas desviar enormes inversiones públicas hacia la construcción y mantenimiento de la industria que desala agua de mar, mientras a la vez se está permitiendo que la mitad del agua se pierda por las redes de abasto debido a su deterioro por falta de renovación y adecuado mantenimiento.
Por ello, la asociación palmera cree necesario abrir un debate social e institucional en toda Canarias sobre la necesidad de ir a la raíz del problema, ya que, “salvo por intereses económicos particulares de ese lobby, no tiene lógica alguna que, en lugar de reparar y renovar la red de transporte pública de agua, se opte como solución principal y permanente producir más y más agua de origen industrial”.
Es tanto lo que hay en juego en cuanto al interés general que Agua para La Palma propone, para revertir esta situación, ese gran acuerdo regional, impulsado por la sociedad civil, como usuaria de este bien básico, desde las diversas entidades ciudadanas, de agricultores, de consumidores, etc., y que acabe en un gran pacto sobre el agua en las instituciones públicas, con sus diversos niveles de Administración (municipal, insular, regional, estatal e incluso europeo, si se pudieran obtener fondos comunitarios para este fin).
Todo ello se plasmaría finalmente en convenios de los cabildos y los ayuntamientos con la Dirección General de Aguas del Gobierno Canario para priorizar las inversiones en reducir las pérdidas actuales de agua y no priorizar la desalación.
“La ciudadanía debería darse cuenta”, apunta Agua para La Palma, “de que al final, en su factura o a través de las subvenciones públicas, de su bolsillo está pagando no solo el agua que se pierde en las conducciones deterioradas sino también la que es necesario producir de manera adicional para cubrir la demanda, en un círculo vicioso, auténtico sinsentido, que encarece más y más el servicio de un bien tan vital”.
La asociación previene también de que “las instituciones públicas culpan en exclusiva al cambio climático de la falta de agua porque no llueve, un argumento que viene como anillo al dedo al lobby del agua, para que los poderes públicos declaren la emergencia hídrica, trámite administrativo con el que se está dando carta blanca a la instalación y ampliación de costosas desaladoras; pero, insistimos una vez más, mientras se pierde la mitad del agua en canales y tuberías rotas y oxidadas”.
Es decir, “se pretende perpetuar la endiablada estrategia de producir más agua desalada o reutilizada para seguir tirando en saco roto la mitad, con el falso discurso de la sostenibilidad pero en realidad valiéndose de combustibles fósiles, que, a la vez que producen gigantescas emisiones de gases contaminantes, reportan gigantescas ganancias a un pequeño grupo de poder y a multinacionales, compañías eléctricas, de energías fósiles y de producción de agua industrial”.
EL “COMODÍN” DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Para la asociación, los extremos de esta “gran mentira” de culpar de todo al cambio climático por la falta de agua lo encontramos, en Lanzarote y Fuerteventura -isla esta recientemente declarada en emergencia hídrica- donde cabe preguntarse “qué influencia real tiene una merma de las lluvias por el cambio climático si el 100% del agua que se consume en estas islas procede de desaladoras desde hace décadas, pero que también sufren más del 50 por ciento de pérdidas en sus redes de distribución, parecidas a las que se registran en La Palma, donde se quiere aplicar la misma medicina.
Una solución que resulta “sangrante” en la Isla Bonita, justo la que cuenta con los mayores recursos hídricos subterráneos per cápita de Canarias, pero donde “el lobby local del agua también quiere participar de tan lucrativo negocio, por lo que ya se está proyectando introducir a toda costa la desalación”.
Expone la asociación que “la segunda parte de la trampa consiste en que, mientras se hacía y se pretende seguir haciendo todo esto, se han dejado abandonadas, con muy poca o nula inversión de fondos públicos, las redes de abasto, gran parte de las cuales se hallan ya fuera de su vida útil, lo que supone que por cada millón (1.000.000) de litros de agua que entra en las actuales redes de distribución, solo se consigue llevar al destino deseado la friolera de 500.000 litros; pero, eso sí, pagando todos los ciudadanos el coste total del millón de litros”.
La situación es tal que ya numerosas organizaciones del sector agrario han denunciado en algunas islas este gravísimo desperdicio de agua en las obsoletas redes públicas, mientras se les aplican restricciones al riego agrario.
Igualmente, Agua para La Palma critica que “se ha abandonado la ancestral cultura canaria de aprovechamiento de nuestros recursos hídricos naturales, sin la necesaria inversión en su mejora y modernización”.
EL COSTE PARA LA ECONOMÍA CANARIA DE “TANTA IRRESPONSABILIDAD”
Opina este grupo de ciudadanos que “hasta ahora, los políticos de las islas, cuando gobiernan -porque algunos desde la oposición sí ven el problema-, no han querido exponerse a los inconvenientes y las molestias que causa la renovación de las envejecidas, rotas y oxidadas redes de distribución de agua, porque este esfuerzo no se traduce finalmente en votos favorables a sus intereses, sin olvidar las posibles dádivas que puede reportar el lobby”.
Llegados a este punto, se preguntan “qué enorme coste ha tenido todo este irresponsable proceder en la economía de Canarias, que cuenta con una población con la renta per cápita más baja de España”.
“¿Por qué la desalación, que era una necesidad justificada en Fuerteventura y Lanzarote al no disponer de suficiente agua subterránea, se ha convertido en la primera opción en toda Canarias, cuando las otras islas tienen alternativas mucho más baratas y sostenibles?”, se plantea Agua para La Palma.
Por tanto, la asociación propone a la sociedad canaria exigir a los políticos esta cambio de prioridades, pues “la renovación de las redes, por costosa que sea, acabará siendo social y económicamente sostenible, con lo que no hará falta producir más agua sino aprovechar la que ya se tiene, y se podrá así destinar más fondos a sanidad, educación y otras infraestructuras públicas”.
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