Núcleos de casetas podrían salvarse del derribo con la reforma de la Ley de Costas

Puede que haya esperanzas para los propietarios de algunos núcleos de casetas del litoral palmero amenazados por los derribos, puesto que el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, aseguró este miércoles, durante su visita a las obras de la playa capitalina, que el anteproyecto de la reforma de la Ley de Costas prevé una regulación especial para Canarias y en concreto para "todos aquellos núcleos urbanos que tenían una zona de servidumbre de protección de cien metros, y que sin embargo contaban ya con una situación consolidada urbana en el momento que se aprobó la anterior normativa de 1988".

"Para esos núcleos que no se designan con nombres y apellidos porque tendrán que estudiarse y proponerse desde el ámbito municipal que es el competente, se prevé la declaración de urbanos una vez que se demuestre que efectivamente reúnen esas condiciones para reducir la zona de servidumbre desde cien a viente metros", dijo.

Saavedra consideró que en esa realidad muchas de las situaciones canarias se van a ver reconocidas y se van a ver beneficiadas siempre que se cumplan los requisitos que exige la ley.

No obstante, el director general sí quiso dejar claro que en ningún caso situaciones que eran ilegales antes van a ser legalizadas ahora en ningún punto de España. "No hay ninguna suerte de legalización ni de amnistía", confirmó.

Como se recordará los derribos de Costas amenazan a las casetas de la costa de Fuencaliente, Tazacorte, Tijarafe o Puntagorda, pero es en Fuencaliente donde parece que están más cerca (en su momento ya fueron demolidas algunas edificaciones) puesto que el Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por los vecinos de este municipio que todavía continuaban en la lucha por defender la conservación de estas edificaciones afectadas por la Ley de Costas.

El director general explicó que se ha visto con mucho detalle la situación de Canarias, ya que "del conjunto de más de 8.000 kilómetros de litoral cuenta con 1.500 kilómetros, lo que representa una parte muy importante de España, que se ha analizado un listado de 40 núcleos, que se reciben en periodo de alegaciones, y otros muchos, porque desde la Dirección General de Costas se ha peinado el conjunto del litoral y se ha visto que hay una temática muy variada y que cada núcleo y cada
realidad tiene su tratamiento especial".

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio no ha gustado nada en las Islas porque en el mismo se contemplan diez espacios singulares para ser excluidos del dominio público entre los que no se incluye ninguno de Canarias, cuando es una comunidad que cuenta con un gran número de edificaciones de este tipo en su litoral.

Pablo Saavedra reconoció que el anteproyecto efectivamente ha recogido una serie de datos singulares que no responden a legalizaciones de situaciones que anteriormente fueran irregulares, sino que "se designan diez núcleos singulares recogidos en todo el litoral después de analizar cada kilómetro de costas para los cuales se prevé que pueden ser excluidos del dominio público por cumplir una serie de características que por lo demás no responden a otra cosa que a los criterios que ya establece la ley vigente como posibles vías de desafectación".

"Se trata de núcleos que estaban perfectamente urbanizados, antropizados, fuera del dominio público que llamamos natural, es decir, fuera de una playa, fuera de terrenos ambientales que es necesario proteger y que sin embargo la alternativa, no habiendo ningún valor medioambiental que proteger, era proceder a la demolición masiva de viviendas en esos núcleos, más de 2.000 viviendas".

Según dijo, se han analizado cientos de núcleos en todo el litoral y son los diez que se ha visto que podían cumplir esas características.

La Ley de Costas se aprobará como proyecto de ley a la vuelta del verano y recoge, según Saavedra, un tratamiento general para el conjunto de la costa española que tiende a intensificar la protección del litoral y a dar más seguridad jurídica a todas las ocupaciones y a todos los propietarios de viviendas.