El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), Pedro Moreno, denunció este viernes el despido de un trabajador en el centro del Instituto Tecnológico de Canarias en la isla de La Palma, un centro que constituye una Unidad de Promoción de Empresas que en la actualidad alberga a 11 empresas y da trabajo a entre 20 y 30 personas. El despido supone, de hecho, según el sindicato, el abandono, por parte del Gobierno canario, de su participación en ese importante proyecto, cuya supervivencia depende ahora, en exclusiva, del Cabildo palmero.
El despido, argumentando causas económicas, organizativas y productivas, responde a la declaración del centro, por parte del ITC, como “deficitario”, ya que tiene un coste de alrededor de 35.000 euros y unos ingresos de entre 7 y 8.000 euros. Moreno señala que, aunque el Cabildo siga manteniendo las infraestructuras, los emprendedores de La Palma perderán el asesoramiento que le prestaba el trabajador del ITC, lo que supone una importante merma para el desarrollo de la economía de base tecnológica y la generación de puestos de trabajo, elementos que “no parecen caber en la concepción del gerente del ITC”.
La FSC-CCOO se cuestiona si, tras esta decisión, sería lógico también abandonar el proyecto del Parque Tecnológico de Fuerteventura, una estructura para empresas de base tecnológica en la se han invertido 20 millones de euros, que persigue exactamente la misma finalidad que el de La Palma, pero a gran escala: facilitar la emprendeduría de base tecnológica. También en este caso los ingresos son inferiores a los costes de mantenimiento, existiendo un déficit de explotación que, en el mejor de los casos, rondaría los 200.000 euros anuales. El coste del mantenimiento de este centro no está consignado en ningún lugar, aunque el ITC es el propietario de un 87.5% del Parque.
“La pregunta que nos hacemos”, señala Moreno, “es si, siguiendo la misma lógica que la aplicada al centro de La Palma, deberíamos cerrar todo aquello que no genere beneficios económicos, independientemente del interés público que evidentemente merezca, como el ITC o, llegado el caso, los centros educativos, la sanidad y el resto de los servicios públicos”.
