El Cabildo de La Palma aclara en un comunicado la situación denunciada en un artículo de la Plataforma de Derecho al Techo en la Residencia de La Dehesa, «suscrito por una persona usuaria» de estas instalaciones, lo siguiente:
«La persona fue alojada en una habitación individual durante la crisis del COVID-19, al encontrarse en una situación de emergencia social extrema. La actual negativa de este residente a ser reubicado en otro centro sociosanitario, paso necesario para iniciar las obras de mejora del mismo, está generando un grave perjuicio para la isla».
«Esta postura obstruye el inicio de una inversión valorada en 6 millones de euros, destinada precisamente a la modernización y ampliación de los servicios sociosanitarios. Esta persona será reubicada temporalmente en otro centro sociosanitario, pudiendo volver a La Dehesa en cuanto finalice la obra».
«La administración insular recuerda que actualmente existen casi 500 personas en La Palma esperando por una plaza de residencia con su grado de dependencia debidamente acreditado. El bloqueo de estas obras, a la que sólo se opone esta persona, no sólo ralentiza la mejora de las condiciones de los actuales usuarios, sino que impide la creación de nuevas plazas para atender a quienes realmente cumplen con los requisitos legales y necesitan asistencia inmediata».
«El Cabildo hace un llamamiento a la responsabilidad y reitera su compromiso con el inicio de los trabajos, garantizando que el proceso de reubicación interna se realiza bajo criterios técnicos y de seguridad para todos los residentes».
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