El pleno del Parlamento de Canarias ha apoyado por unanimidad una iniciativa del PSOE en la que se reconoce el derecho de unas 10.700 familias a adquirir en propiedad las viviendas protegidas que tienen alquiladas con opción de compra desde hace treinta años, propiedad del Icavi y de Visocan.
La iniciativa ha sido defendida por el diputado del PSOE Sebastián Franquis, quien aceptó parcialmente una enmienda de Coalición Canaria.
El texto aprobado pide al Gobierno de Canarias que identifique y haga público en un plazo máximo de tres meses el conjunto de viviendas que pueden acogerse a este procedimiento de acceso a la propiedad.
La iniciativa requiere además que el Ejecutivo asigne una partida presupuestaria específica para financiar a Visocan el importe de las bonificaciones previstas en la normativa y asegurar así la viabilidad económica de la operación.
Sebastián Franquis ha defendido que esta medida otorga seguridad jurídica a unas 10.700 familias que residen desde hace 30 años en estas casas y que firmaron contratos con opción a compra.
Ha criticado que el actual Ejecutivo regional ha interpuesto obstáculos burocráticos durante su mandato que han generado angustia e incertidumbre entre las miles de personas afectadas por esta paralización administrativa.
Por ello, el representante socialista ha reclamado a las administraciones públicas que agilicen los trámites y ofrezcan transparencia para cumplir con un derecho reconocido formalmente en el marco del Pacto por la Vivienda.
La representante de CC Socorro Beato ha respaldado el derecho de las familias a adquirir las viviendas, pero ha advertido de que el decreto de 2023 contiene una laguna jurídica porque trata por igual al ICAVI, que es una entidad pública, y a Visocan, que opera como una sociedad mercantil sujeta a otras reglas fiscales en sus transmisiones patrimoniales.
Por tanto, Beato ha señalado que eso obligaría a los inquilinos de Visocan a asumir el pago de tributos como el IGIC, el impuesto de transmisiones patrimoniales o la plusvalía, de manera que se ha defendido la necesidad de buscar alternativas para modificar el procedimiento y evitar un sobrecoste a las familias.
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