Dentro de la sucesión de acontecimientos contradictorios y sorprendentes que aparecen un día sí y otro también en la vida nacional, la salida de prisión de los cinco miembros de La Manada ha vuelto a irritar a una buena parte de la sociedad. Pero más nos irritaremos cuando a estos imbéciles los veamos en los programas de máxima audiencia de las televisiones, en vivo y en directo, con los tertulianos de aquí y de allá, ganando todos sus buenos dineros, los patrocinadores, los presentadores, los susodichos infames. Vivimos en una sociedad exhibicionista que busca y premia el morbo, lo importante es divulgar las miserias de cada cual, cuanto más intensa es la descripción resulta mucho mejor, más vendible, más atractiva. Lo hemos contemplado en ocasiones similares: la basura mediática es un volcán que lo arrasa con todo, por eso hay programas especiales, explotación de emociones y sentimientos, aprovechamiento de la tragedia, ración cotidiana de carnaza televisiva, incidencias sexuales, episodios de violencia, rumores y cuchicheos, presuntas infidelidades de esta con el de más allá, devaneos de los famosos, tonterías de las supuestas celebridades. En definitiva: todo vale con tal de conseguir audiencias. No existe en nuestro país un código ético audiovisual, por ello todo está autorizado. Lo que hace Berlusconi en España no puede acometerlo en sus televisiones de Italia, pero aquí todos contentos. ¿No debe haber ciertos límites en lo que se emite o se publica?
No es de extrañar que con la glorificación de los cinco surjan docenas de imitadores, entusiastas componentes de Nuevas Manadas, que pongan en práctica el deseo de salir en los telediarios, aprovechando la sensación de impunidad que algunos juristas transmiten más de una vez con sus caprichosas decisiones; como buenos partícipes del espíritu del nuevo siglo a estos jóvenes vándalos les gusta que los vean, incluso que les admiren, les gusta pregonar sus hazañas, por eso graban sus acciones en vídeo, por eso las difunden entre sus amistades y público en general, puesto que las interpretan como heroicidades, nuevas manadas dispuestas a acorralar a quienes se pongan por delante. Vendrán pronto unos nuevos sanfermines, vendrán nuevas hogueras de San Juan, vendrán fiestas patronales con mucho alcohol por medio, el caldo de cultivo. Decíamos en otra ocasión que aquí se dictan resoluciones que aparentemente están contra el sentido común, contra la lógica, contra la apreciación de la sociedad. Somos el País del Nunca Jamás, en el que una región exige discutir de igual a igual con el Estado su propuesta de crear una república soberana, somos el país con una legislación confusa y obsoleta en el que los jueces tanto pueden dictar un veredicto blanco como aprobar un veredicto negro.
El Gobierno manifestó su desasosiego por la decisión judicial, y los colectivos feministas no se hicieron esperar. Incluso el Consejo General de la Abogacía expresó que la decisión ha sido motivo de grave inquietud; lo más perjudicial es el mensaje que esta decisión lanza hacia las mujeres. Con todo este panorama, la víctima de los hechos ha escrito una carta a una presentadora de Tele 5 para alzar la voz y llamar a la ciudadanía a denunciar las violaciones y así evitar que los delincuentes salgan victoriosos. “No os quedéis callados. Porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos”, dice el escrito, y anima a las víctimas a explicar lo sucedido, “a un amigo, a un familiar, a un policía… Se puede salir. Pensaréis que no tenéis fuerzas para luchar, pero os sorprendería saber la fuerza que tenemos los seres humanos.” Para Amalia Fernández, presidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, el mensaje de la puesta en libertad es lamentable. Porque estos sujetos se vanagloriarán de su actuación y la respuesta que van a tener. Las víctimas de agresiones similares darán un paso atrás, no se atreverán a denunciar. Y desde la Fundación Mujeres se estima que la decisión del ilustre tribunal refuerza la apariencia de impunidad, y ello perjudica a la seguridad y la libertad sexual de las mujeres en nuestro país.
Para nuestra sorpresa, en una cena con amigos en nuestra casa una autoridad de la Audiencia de Las Palmas manifestó que, de acuerdo con lo que consta en el proceso, las pruebas obtenidas, las declaraciones, las fotos, los vídeos, etc. puede estimarse que no hubo violación y que, por tanto, la sentencia debería inclinarse más por la absolución que por la condena. Claro que es difícil imaginar que cinco hombres corpulentos introduzcan a una chica en un portal por su propia voluntad, y que esta acepte encantada participar en sus rituales. Estos análisis, tan polémicos, nos llamaron la atención. Algunos pueden argumentar que la mayor parte de los ciudadanos no tengamos suficientes elementos de juicio, desconocemos el contenido del proceso judicial, y desde esta óptica puede estimarse que todo el mundo habla pero sin basarse en pruebas ni en testimonios, simplemente por lo que dicen los protagonistas o los medios de comunicación. Desde este punto de vista, se habla por hablar, sin conocimiento de causa. Lo que también está claro es que, pese a deficiencias y errores, hay que respetar la división de poderes. No en vano el poder judicial es esencial para una convivencia democrática.
En apariencia, hay jueces que llevan a las sentencias sus prejuicios, incluso sus criterios machistas. Falta perspectiva, las reglas del juego son pérfidas, perpetúan las discriminaciones, el patriarcado del antiguo régimen, es decir, de la dictadura. Se ignora el papel que la mujer está desempeñando en el nuevo siglo, su lucha por la igualdad, por afirmarse en un entorno hostil. La Justicia en nuestro país es con frecuencia injusta, por lenta, por ineficaz, por favorecer a los que tienen más medios, por esconder a los perversos, por ser caprichosa. Cierto que la culpa también es de la legislación obsoleta, ese Código Penal remendado con parches, en el cual sería urgente hacer asomar la nueva mentalidad sobre el papel de la mujer. Tenemos democracia pero la transición no ha llegado a la Justicia por falta de recursos humanos, por falta de medios técnicos, por falta de personal especializado, por una legislación que hereda el espíritu antiguo. Además, tenemos un sistema penitenciario con tendencia a poner en la calle a los culpables cuando apenas han cumplido una pequeña parte de la condena, si estaban condenados a nueve años de prisión y solo habían cumplido dos es inadmisible lo sucedido. Hay quienes pensamos que los presuntos culpables tienen muchos beneficios, y las víctimas en general son poco apreciadas.
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