Se ha colado en la campaña un tema que viene de viejo y que no hemos sabido ni podido resolver hasta ahora. Ha habido iniciativas de distintos partidos, pero por la propia vorágine política en que vivimos nunca se ha hecho un planteamiento adecuado y que pueda ser aceptado por la mayoría. He aquí un tema sensible que requiere pactos, en el que se contemplan muy diversas mentalidades: desde el absoluto respeto a la vida a la necesaria resolución de un conflicto que cada vez se presenta con mayor relevancia en la sociedad. Básicamente consiste en que un equipo médico administra fármacos a la persona que desea morir porque está sufriendo una enfermedad grave y sin remedio. Es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y en algunos estados de Estados Unidos. En España con la legislación actual se considera cooperación necesaria para un homicidio, pero hay ya una tolerancia social que determina no enviar a prisión a las personas que intervienen, así sucedió cuando la muerte del gallego Sampedro, cuya amiga cooperante fue a juicio pero terminó siendo absuelta. Sin embargo, en el último y reciente caso de la señora que fue ayudada por su marido, el juez ha decidido enviar el caso a un Juzgado de Violencia de Género, como si este hombre fuese un auténtico criminal que destrozó la vida de su esposa. La Justicia en España tiene estas cosas.
En Suiza está permitido lo que se denomina suicidio asistido, y se trata de que un profesional médico aconseja al paciente qué fármaco debe tomar para terminar con su vida en ciertas circunstancias. Un científico australiano de 104 viajó a Suiza el año pasado para acabar con su vida.
Los cuidados paliativos son preferidos por profesionales de la medicina para evitar un excesivo sufrimiento al enfermo terminal. Varias comunidades aceptan la muerte digna, así en Galicia una ley permiten que el enfermo o los familiares renuncien al tratamiento si no hay expectativas de mejora o se produce un sufrimiento desmesurado. Los padres de una niña de 12 años con enfermedad perniciosa no recibieron castigo penal cuando pidieron retirar la alimentación artificial que mantenía viva a la pequeña. Mientras llegan los argumentos políticos al Congreso, el debate permanece candente en la calle, entre los expertos y con los testimonios vitales de muchas personas o profesionales sanitarios que conviven en su día a día con la penosa situación de personas dependientes y enfermos terminales en un largo e irremediable sufrimiento. Cuestiones éticas y morales, convicciones y sentimientos religiosos y argumentos jurídicos se entremezclan en un debate inacabado en nuestro país y que ahora se ha colado en la campaña electoral, con el rechazo de los partidos de derechas y la comprensión del otro bloque. Un asunto que debería estar más allá de la campaña electoral y sus golpes de efecto.
Taganana.
Gran debate el que nos presenta en esta ocasión, estimado sr. Ileon. Sin duda es un tema que está en la calle. Yo creo que no puede haber personas que se opongan a una muerte digna.
Estamos hablando de personas con enfermedades incurables y degenerativas que han manifestado su deseo de evitar el sufrimiento y el de sus seres queridos y poner fin antes del fatal desenlace natural. Nadie puede estar en contra y la legislación española tiene que ser cambiada cuanto antes.
No caigamos en la chabacanería de algunos insurrectos que buscan la polémica por la polémica, no se trata de matar a alguien sin su voluntad por estar enfermo, sino de personas que quieren despedirse dignamente de la vida.
Me parece triste que unos partidos de derechas por una determinada ideología caduca (y más ahora en campaña electoral) se opongan a llegar a un acuerdo por el bien de los ciudadanos. El que un familiar le ayude (a petición del enfermo) a poner fin a su calvario no puede ser nunca un delito.
Estamos a tiempo como país de ser de los más precursores y establecer una ley justa.
Leer más