Pestana no duda en acusar a los ecologistas de “utilizar el permanente ataque a actos administrativos, para disuadir a quienes puedan tener un interés de invertir en la Isla, de que abandonen el proyecto”

Consideran que la Administración “lo que pretende con esta nueva evaluación no es solucionar el problema de los residuos en La Palma, sino salir del paso tras la anulación por parte del TSJC de la anterior Autorización Ambiental Integrada”