Drago Canarias denuncia que el Cabildo de La Palma "pone en bandeja el campo palmero a inversores de Emiratos Árabes"

Drago Canarias en La Palma rechaza que el Cabildo Insular esté negociando la cesión de terrenos agrícolas con el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, concretamente con la empresa Al Dahra. “Esta operación, que se lleva a cabo sin transparencia alguna, se produce en un momento en que la población palmera enfrenta enormes dificultades para acceder a la tierra y desarrollar proyectos agrícolas propios”, informan en una nota de prensa.

Además, señalan que “resulta especialmente preocupante el recorrido de la multinacional Al Dahra, con un largo historial de acaparamiento de tierras en países como Egipto, Serbia o Namibia y que lejos de responder a las necesidades alimentarias de la isla, priorizará sus intereses económicos y geopolíticos”.

“En varios de estos países, sus operaciones han estado marcadas por la opacidad en los contratos, la explotación intensiva de recursos hídricos y la exclusión de comunidades locales del acceso a la tierra. Permitir que una empresa de estas características se implante en La Palma supone un riesgo real de despojo, degradación del territorio y pérdida de control sobre nuestros recursos básicos”.

Para la portavoz de Drago Canarias en La Palma, Sara Hernández, “en lugar de defender el interés general se está actuando como promotor de las mismas dinámicas que nos han hecho dependientes y vulnerables, y que son el monocultivo, la exportación como única vía y la concentración de tierras en pocas manos”.

“Se esté diseñando un mapa de terrenos y productos para satisfacer las demandas de un gobierno extranjero que no respeta los derechos humanos ni garantiza prácticas sostenibles”, prosiguió Hernández, y añadió que “el Cabildo ha optado por un modelo de desarrollo que va en contra de principios básicos de soberanía alimentaria como la democratización del acceso a la tierra, el control local de los recursos y la alimentación basada en circuitos cortos y sostenibles”.

Por otro lado, la portavoz de Drago Canarias en La Palma advierte de que “esta operación es una más dentro de una peligrosa dinámica de desposesión del suelo, la vivienda, los recursos hídricos y ahora también la producción agraria” y sentenció que “no podemos seguir vendiendo la isla a cachos como ya se está haciendo con las viviendas vacacionales, adquiridas por personas con un poder adquisitivo muy superior al de la población local”.

“La soberanía alimentaria no es un eslogan ni una competencia decorativa, es una estrategia de supervivencia, especialmente en islas como La Palma; no podemos seguir aplazando decisiones fundamentales mientras se consolida un modelo extractivista, elitista y ajeno a nuestra realidad”, concluyó Hernández.

Esta reacción se produce tras la visita programada próximamente por parte de representantes de Al Dahra a la isla y tras el reciente anuncio del consejero insular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria de que ya se negocia un contrato público con una comercializadora experta en mercados emiratíes.

Desde Drago Canarias en La Palma consideran que el desarrollo del sector primario insular debe construirse desde el arraigo, el conocimiento del territorio y el protagonismo de quienes ya están comprometidos con una agricultura digna y sostenible. En lugar de ceder terreno a empresas extranjeras urge fomentar el acceso equitativo a la tierra para la población local, empezando por detener cualquier operación de venta o arrendamiento a intereses foráneos.

Proponen también “una evaluación pública y rigurosa del suelo cultivable disponible, así como el diseño de herramientas eficaces que lo pongan al alcance de quienes quieren producir alimentos desde criterios sociales y ambientales. Necesitamos avanzar hacia un modelo que refuerce la producción local, minimice la dependencia exterior y promueva canales de distribución justos, donde los beneficios no se los lleven intermediarios o grandes cadenas, sino quienes trabajan la tierra”.

“Frente a un modelo orientado a la exportación y al lucro privado, defendemos una política agraria centrada en la autosuficiencia, el relevo generacional y el cuidado de nuestros recursos naturales. La tierra debe ser un bien común al servicio de la vida en la isla, no un activo con el que especular”.