Tierra Bonita ve injustificado ocultar la identidad de los beneficiarios de ayudas por la erupción

La Asociación Tierra Bonita, que mantiene un litigio judicial contra el Gobierno canario para reclamar la difusión de las actas y grabaciones del Plan de Emergencias (PEVOLCA) anteriores a la erupción de 2021, también defiende que la máxima transparencia se aplique a las ayudas concedidas desde 2024 a las personas físicas afectadas por esta catástrofe.

Este colectivo ciudadano no comparte la decisión de mantener oculta la identidad de los cientos de beneficiarios de las llamadas «compensaciones» económicas por el valor de lo perdido en la catástrofe. El asunto se encuentra ahora judicializado, después de que el Gobierno canario recurriera el requerimiento del Comisionado de Transparencia de Canarias para que esta información sea pública.

A ello hay que añadir otro recurso judicial de la oposición parlamentaria contra la negativa del Ejecutivo regional a facilitarle estos datos.

Tierra Bonita aclara en un comunicado que no cuestiona el objetivo de estas subvenciones, ya que el derecho a recuperar sus proyectos de vida es una reivindicación básica de la población damnificada, pero sí la decisión de declarar confidencial la identidad de las personas que las reciben. El Gobierno canario alega que el importe de las ayudas permitiría deducir su situación económica anterior a la erupción.

Es más, a la asociación le consta que mantener en secreto la identidad de los beneficiarios nunca ha sido una reivindicación general de los afectados por el Tajogaite. Además, el artículo que establece esta confidencialidad en la Ley 5/2025, de Volcanes de Canarias, tampoco figuraba en el texto original de la iniciativa legislativa popular promovida por damnificados del volcán con el apoyo de casi 19.000 firmas.

A juicio de la Asociación Tierra Bonita, no concurre en este caso ninguno de los supuestos previstos por la legislación estatal reguladora de las subvenciones y la transparencia. «Es decir, identificar a los beneficiarios no afecta a su honor ni a su intimidad ni revela datos sensibles. Tampoco la condición de afectado por una catástrofe debe mantenerse, en sí misma, como un dato confidencial».

De hecho, observa la asociación palmera, la inclusión de un artículo en la Ley de Volcanes para no publicar el nombre de los perceptores de estas ayudas «parece obedecer a un intento de dar cobertura jurídica a esta medida, a sabiendas de que el marco estatal no recoge este supuesto de forma expresa y a riesgo de que los tribunales puedan declararla incompatible con la legislación básica».

DATOS DE LAS AYUDAS ANÓNIMAS

Hay que tener en cuenta que, según el análisis realizado por Tierra Bonita, en las resoluciones de estas «compensaciones» con destinatario anónimo publicadas en el Boletín Oficial de Canarias desde 2024 figuran tres que superan el millón de euros —concretamente, 1.549.220,07 €, 1.500.000,00 € y 1.197.404,12 €— y otras tres que rebasan los 800.000 euros —934.776,96 €, 822.264,04 € y 818.546,68 €—.

En la franja situada entre 500.001 y 800.000 euros aparecen 12 beneficiarios; en el tramo comprendido entre 400.001 y 500.000 euros constan 22 personas físicas perceptoras; entre 300.001 y 400.000 euros hay 40 beneficiarios; entre 200.001 y 300.000 euros figuran 97 ayudas concedidas, y entre 100.001 y 200.000 euros se contabilizan 236 destinatarios.

Se trata, en cualquier caso, afirma Tierra Bonita, de cifras incompletas, ya que faltan las últimas resoluciones de este año. La asociación las ofrece «de modo orientativo para que la sociedad se haga una idea de la importancia cuantitativa de las subvenciones otorgadas por el Gobierno canario y de la necesidad de que todo el proceso goce de la necesaria transparencia».

Otra cuestión que plantea Tierra Bonita es por qué se distingue entre personas físicas y jurídicas respecto a la confidencialidad de este dato, ya que en el caso de las empresas sí se publican sus nombres.

Al hilo de estas reflexiones, Tierra Bonita pone de relieve que dotar de la máxima transparencia al proceso de reconstrucción tras la catástrofe «constituye, además, una obligación ética con toda la sociedad palmera, canaria y española, ya que estos fondos salen de las arcas públicas y, por tanto, de los impuestos pagados por la ciudadanía».

De este modo, «no es demagógico recordar que la decisión política de compensar hasta el valor de lo perdido es posible gracias a la aportación económica de la sociedad en su conjunto, vía presupuestos públicos, para atender la justa reivindicación de los damnificados por la catástrofe de poder rehacer sus vidas».

Una reivindicación «justa no solo porque la población afectada por el Tajogaite se topó en el momento de la catástrofe con una legislación que la dejaba desprotegida, sino también porque el sistema público de protección civil le falló cuando más lo necesitaba, al no ser avisada con suficiente antelación para asegurar sus propiedades o mejorar sus seguros, así como para salvar objetos personales —incluidos los de valor sentimental—, enseres y animales».

RECURSO JUDICIAL DEL PSOE

En este contexto, a la asociación le resulta llamativo que ni siquiera a una diputada del PSOE, como representante de la oposición parlamentaria, se le haya permitido acceder a los nombres de los beneficiarios de las ayudas para ejercer su derecho a fiscalizar la gestión de los fondos públicos. Y ello a pesar de que un informe del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias concluyó que no se trata de un dato especialmente protegido que justifique su secreto y que la negativa a facilitarlo vulnera derechos fundamentales de los diputados.

De ahí que el PSOE haya anunciado en los últimos días la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales para reclamar el acceso al listado de beneficiarios.

Al respecto, Tierra Bonita apunta que este partido no persigue la publicación de los datos, sino únicamente poder consultarlos.

Al mismo tiempo, la asociación lamenta que el PSOE —al igual que las demás formaciones políticas integrantes del anterior Gobierno canario y las que componen el actual Ejecutivo— haya contribuido a mantener en secreto las actas y grabaciones del PEVOLCA.

Este colectivo ciudadano señala que la falta de transparencia no solo afecta a las deliberaciones del PEVOLCA y a estas compensaciones económicas, sino también a los expedientes relativos a los proyectos de obras públicas de la reconstrucción. «La transparencia es la mejor garantía contra la arbitrariedad y favorece la confianza de la sociedad en sus instituciones; lo contrario solo alimenta la desconfianza y la suspicacia», concluye Tierra Bonita.