Central Los Guinchos. Luis G Morera. Archivo.
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias avanza en la autorización de un conjunto de actuaciones destinadas a modernizar y prolongar la vida útil de nueve grupos de generación eléctrica situados en Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, que suman una potencia de 374,52 megavatios (MW).
Se trata de grupos que ya están en funcionamiento y que serán sometidos a mejoras técnicas para contar con mayores garantías, pero sin aumentar la potencia actual de las centrales. Una acción que precisa de la autorización del Gobierno de Canarias, pero que está ya contemplada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), como parte de las actuaciones a ejecutar tras la aprobación del primer concurso de concurrencia para renovar la generación eléctrica de Canarias.
El consejero del área, Mariano H. Zapata, subrayó la importancia de estas autorizaciones para proteger a la ciudadanía ante fallos de suministro. “Canarias no puede permitir que la obsolescencia de los equipos ponga en riesgo la luz en los hogares ni la actividad de nuestras empresas”.
Zapata explicó que “no estamos incorporando nueva potencia, sino actuando sobre grupos que ya existen para mejorar técnicamente sus instalaciones y prolongar su vida útil. Una actuación necesaria porque necesitamos mantener una capacidad de respaldo fiable mientras avanzamos en la transformación del sistema eléctrico”.
La renovación de estos 374 MW permitirá adaptar los motores para que funcionen como un respaldo ágil y eficiente a las fuentes renovables. Las mejoras técnicas reducirán los tiempos de arranque de las centrales y permitirán operarlas con mínimos técnicos más bajos, lo que facilitará reducir el uso de combustibles fósiles cuando haya sol o viento disponible en la red.
Las intervenciones, que ya han comenzado con la autorización de la turbina de gas de Punta Grande en Lanzarote (19,6 MW), se extenderán a las centrales de Barranco de Tirajana (169,7 MW) y Jinámar (64,6 MW) en Gran Canaria, Granadilla (107,9 MW) en Tenerife y Los Guinchos (12,6 MW) en La Palma.
Las obras contemplan la sustitución integral de motores, rotores, sistemas de control y equipos auxiliares, alargando la vida útil de los grupos en instalaciones clave como Los Guinchos en La Palma. Además, en los ciclos combinados de Gran Canaria y Tenerife, la tecnología actualizada mejorará la capacidad de recuperación del sistema eléctrico insular en caso de producirse una pérdida total o parcial del suministro.
“Nuestro objetivo final sigue siendo el mismo: una Canarias más sostenible y menos dependiente de los fósiles. Pero la transición ecológica debe hacerse con responsabilidad y rigor, garantizando que la red eléctrica sea sólida, moderna y capaz de proteger a la población”, concluyó Mariano H. Zapata.
“Más generación, más renovables y más almacenamiento para garantizar la seguridad energética de Canarias”
La Consejería de Transición Ecológica y Energía trabaja en una estrategia integral para garantizar la seguridad del suministro eléctrico en Canarias, que combina actuaciones de emergencia con medidas estructurales para transformar el sistema energético, además del fomento de las energías limpias y el almacenamiento energético.
“Cuando se trata de energía, no hablamos de actuaciones aisladas, sino de avanzar en todos los frentes”, explicó Zapata. Para ello “declaramos una emergencia energética y medidas para garantizar el suministro, conseguimos que el Ministerio aprobase el concurso para la renovación de grupos y centrales, convocamos un segundo concurso para cubrir las necesidades no cubiertas, trabajamos para el refuerzo y modernización de las redes y reforzamos las interconexiones entre islas (Tenerife – La Gomera)”.
Al mismo tiempo “impulsamos las energías renovables, incorporando en apenas 3 años 232 MW de potencia renovable, un 24%, e impulsando el autoconsumo y pasando de contar con un 19,3% de penetración de renovables a un 23%”
Algo que reforzamos también “con un trabajo importante de fomento del almacenamiento para aprovechar toda esa energía, tanto con el uso y regulación de las baterías como con las futuras centrales de hidrobombeo de Salto de Chira o en Güímar”.
“Más generación de respaldo, más renovables, mejores redes y más almacenamiento. Esa es la combinación que necesitamos para garantizar la seguridad energética de Canarias y avanzar a un sistema más limpio y moderno”, concluyó el consejero.
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La decisión de la Consejería de Transición Ecológica de autorizar la modernización de nueve grupos de generación que suman 374 megavatios no es, en realidad, una apuesta por el futuro. Es una prórroga costosa y poco ambiciosa de un sistema que Canarias lleva décadas arrastrando.
Se trata, en esencia, de alargar la vida útil de motores y turbinas fósiles ya en funcionamiento, sin añadir un solo megavatio de capacidad nueva. El Gobierno lo presenta como una medida imprescindible para “proteger a la ciudadanía” y facilitar la penetración de renovables. En la práctica, es una declaración implícita de que el sistema sigue dependiendo de respaldo térmico caduco mientras las renovables, el almacenamiento y las interconexiones avanzan a un ritmo demasiado lento.
El lenguaje es impecable: “transición responsable”, “seguridad del suministro”, “mínimos técnicos más bajos”. Pero detrás de las palabras hay una continuidad que resulta difícil de justificar. Canarias no puede permitirse seguir modernizando el pasado mientras el presente —apagones, dependencia del gasoil y retrasos estructurales— sigue sin resolverse con la urgencia que exige.
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