Desde la creación de la Junta preautonómica de Canarias y con la entrada en vigor del inicial Estatuto de Autonomía de Canarias quedó instaurado el 30 de Mayo como día oficial de la Comunidad autónoma de Canarias.
Diversos episodios históricos hemos tenido que superar desde entonces. A modo de ejemplo, cambio de estatus de integración en la Unión Europea, o la asunción inicial de competencias, en algunos casos con déficits económicos históricos (casos de transferencias de competencias en materia de Sanidad y Educación).
Posteriormente, y coincidiendo con la reforma estatutaria de la década de los 90, asunción de más competencias, y reajuste entre competencias compartidas y exclusivas autonómicas.
Y más recientemente la entrada en vigor de un nuevo Estatuto de Autonomía de los denominados de última generación, con avances considerable en materia de distribución competencial, nuevos derechos de ciudadanía, y más acorde con el nuevo status de Región Ultraperiférica reconocido en la Unión Europea, sin desmerecer la condición de Región con competencias legislativas en las mismas condiciones de otros entes regionales (como por ejemplo Länder alemanes y austriacos, regiones italianas, comunidades y regiones belgas, voivodatos polacos, etc. etc.).
Siendo lo anterior cierto, todo ha quedado en un segundo plano con la crisis sanitaria del COVID-19 y la posterior crisis social y económica que viene de camino, lo que convierte la efemérides de este año en “atípica” por los nubarrones que nos deja.
Atipicidad por la incertidumbre social, económica y política que impera en la actualidad en Canarias. Unido al impacto económico que traerá en el PIB y en el desempleo la caída del sector turístico (el más importante con diferencia en Canarias), tenemos que incluir el plano social que será más convulso y conflictivo; y como no, el político, con el desenlace de nuevos episodios de turbulencia política en sitios como Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de El Hierro, y algún que otro lugar más. O el desenlace en el Gobierno de Canarias con la resolución a los conflictos departamentales en Sanidad y Educación; y en la implementación de las políticas de reconstrucción (con la colaboración leal o no del Estado, así como de las instituciones de la Unión Europea), que seguramente redundará, o no, en una crisis institucional en el seno del Gobierno de Canarias.
En los próximos meses saldremos de dudas. De momento solo queda esperar al buen juicio de nuestros gobernantes.
Abogado y Doctor en Derecho (*).
