Residencia de Pensionistas. Archivo
La Palma recibirá del Gobierno canario 4,2 millones de euros para financiar 556 plazas en residencias y centros de día de la Isla Bonita, según el acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional.
En concreto el Gobierno de Canarias autorizó la suscripción de tres convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos de Fuerteventura, La Palma y Tenerife para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, con un montante global que asciende a 29.895.079 euros.
El Gobierno aportará a Fuerteventura un total de 1.125.398 euros para 167 plazas, 4.208.995 euros a La Palma para financiar 556 plazas y para el convenio con el Cabildo de Tenerife la Administración autonómica aportará 24.560.686 euros para un conjunto de 3.230 plazas.
A estas partidas se suman las aportaciones contempladas en los convenios realizadas por los Cabildos. De esta forma, el Cabildo de Fuerteventura aporta un total de 375.732 euros; el Cabildo de La Palma, un global de 2.293.618 euros, y el de Tenerife, un total de 13.444.725 euros.
La financiación para la atención de recursos de atención a las personas en situación de Dependencia, en las tres islas, suman un global de 46.009.214 euros, siendo la aportación de Gobierno de Canarias y Cabildos, la siguiente: para la isla de Fuerteventura de 1.510.130 euros; para La Palma, de 6.502.673 euros y, finalmente, para la isla de Tenerife, un global de 38.005.411 euros.
Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.
El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.
En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales implantada por la Ley 9/1987, de 9 de abril, de Servicios Sociales, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa entre las administraciones públicas implicadas.
Asimismo, a la hora de planificar el Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estimó conveniente aprovechar la experiencia adquirida en la ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria, Área de Mayores aplicado en Canarias, y del Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad de Canarias, así como de los convenios de colaboración suscritos en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 con los siete Cabildos Insulares para la atención a personas en situación de dependencia y, en general, a las personas mayores o con discapacidad.
Así, la financiación para mantener, crear y remodelar recursos residenciales y de atención diurna y nocturna para la atención de personas mayores y con discapacidad, se había venido garantizando en Canarias con anterioridad a la aprobación de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a través de dichos instrumentos de planificación.
El compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, si bien habrá de dar cabida en el mismo a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Disposición final decimocuarta), pero que han venido recibiendo atención en virtud del sistema de los planes sectoriales.
Dado que los convenios firmados en el año 2013, tanto en el área de mayores como en el área de discapacidad, finalizaron su vigencia en dicho año, se hace necesario formalizar un nuevo convenio que articule la colaboración entre la Administración Autonómica y los Cabildos Insulares de Fuerteventura, La Palma y Tenerife durante 2014 para la prestación de los servicios en centros de día y de noche, así como de atención residencial incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios propios o concertados por la referidas corporaciones, a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.
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a ver cuánto se queda por el camino… bueno como si tuviésemos la oportunidad de saberlo..
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