De las 182 entidades que concurrieron en Canarias a las subvenciones con cargo a la X solidaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), solo 48 recibirán ayuda para continuar con los proyectos que ya llevaban a cabo o que pretendían emprender, de acuerdo a la resolución de la convocatoria publicada el pasado diciembre.
Esta es una de las ayudas económicas más importantes para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de La Palma. Tras recibir esta subvención durante 18 años consecutivos, ha quedado fuera del grupo de entidades beneficiarias.
Anuncian que ya han presentado las oportunas alegaciones al Gobierno de Canarias para intentar solventar esta situación porque aseguran que estas ayudas son imprescindibles para dar continuidad a servicios de atención especializados en demencias que prestan en exclusividad la entidad en la isla de La Palma como son las Unidades Terapéuticas, Atención Psicológica, Fisioterapia y Logopedia.
En el año 2018 estos servicios de la entidad atendieron a cerca de mil personas afectadas por las demencias en la isla de La Palma, tanto a enfermos como a sus familiares.
Al igual que AFA La Palma, otras 133 entidades canarias no han superado el baremo establecido y no recibirán un céntimo con cargo al 0,7% del IRPF.
La Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias afirma que es el Estado el responsable de esta situación: “el criterio, el diseño y las líneas de los programas financiables venían impuestos desde Madrid”.
Sin embargo, desde AFA La Palma manifiestan que se han dejado de recibir estos recursos esenciales en el primer año que el Gobierno de Canarias asume esta competencia. Asimismo, esta Asociación entiende que no se han tenido en cuenta a las especificidades de nuestra región y se ha penalizado una vez más la doble insularidad (las entidades de las islas menores han sido las más afectadas al competir en igualdad de condiciones con entidades de mayor tamaño y estructura de las islas capitalinas).
AFA La Palma espera que desde la Dirección General de Políticas Sociales se tomen las medidas necesarias para corregir esta situación y que no se abandonen a su suerte servicios esenciales en una isla donde los mayores de 65 años representa más del 20% de la población, un sector con altos índices de afectados por el Alzheimer y otras demencias.
RIVER4
Asco de gestores que asumen competencias dejando fuera a quienes sí prestan servicios que ni el gobierno insular ni el regional dan.
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