El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía liderada por Mariano H. Zapata, ha aprobado el Proyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias.
La nueva norma establece un marco jurídico propio y coherente para garantizar la conservación de los hábitats, las especies silvestres y los ecosistemas de las islas, reconocidas como uno de los territorios con mayor biodiversidad del mundo y con un elevado número de especies endémicas.
El documento clarifica las competencias entre la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos para evitar conflictos administrativos e impulsa un marco claro de control, inspección y régimen sancionador frente a las infracciones.
El proyecto de ley mejora la gestión de los espacios naturales y la Red Natura 2000, al tiempo que refuerza los sistemas de información científica integrando herramientas como BIOTA, RedVIGÍA o RedPROMAR. Asimismo, establece planes de recuperación para especies amenazadas, regula medidas frente a la contaminación lumínica y potencia mecanismos como la red REDEXOS para controlar y erradicar a las especies exóticas invasoras.
La norma también fomenta el ecoturismo, la investigación y la educación ambiental como actividades compatibles con la conservación. Con esta aprobación, el texto inicia ahora su tramitación parlamentaria para abrir un proceso de debate con los grupos políticos, el sector científico y los agentes sociales que permita alcanzar el mayor consenso posible.
Por otro lado, se optimiza la coordinación con la Ley del Suelo, al delimitarse los ámbitos de ambas normas: Biodiversidad regula la protección de los valores naturales y la Ley del Suelo mantiene su marco de declaración, planificación y gestión de espacios. Se propone una regla de coordinación inmediata, sin esperar a un desarrollo posterior y sin condicionar la reforma de la ley del suelo que ya está en el Parlamento. Aquí, el régimen sancionador evitará duplicidades de tipo sancionador y refuerza la aplicabilidad de la Ley.
Además, se ajustan las autorizaciones y declaraciones responsables, las garantías de los ciudadanos, el apoyo científico de las decisiones y la reserva de ley para las obligaciones económicas, limitando las habilitaciones reglamentarias excesivamente abiertas.
El medio marino, protegido por primera vez
El nuevo Estatuto de Autonomía de 2018 ha permitido dar un paso clave al habilitar el ejercicio de competencias autonómicas en la protección ambiental del mar. Gracias a ello, la ley incorpora un título completo, el VIII, dedicado en exclusiva a la protección de la biodiversidad marina, los ecosistemas costeros y los recursos naturales del entorno marítimo canario para garantizar un uso verdaderamente sostenible.
Una ley enriquecida con más de 2.000 alegaciones ciudadanas
El interés por la preservación del patrimonio natural se ha reflejado en el proceso de consulta pública del anteproyecto, en el que se han recibido más de 2.000 alegaciones. El Gobierno, que amplió los plazos de audiencia para Cabildos y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a pesar de tramitar el texto por vía de urgencia, aceptó muchas de estas propuestas porque mejoraba el articulado y garantizaba que la futura ley llegue al Parlamento con una base social mucho más robusta.
Reinicio de los trámites por seguridad jurídica
El Ejecutivo autonómico reinició los trámites y revisó el texto para dotarlo de una base jurídica sólida y atender a las advertencias previas del Consejo Consultivo. Este órgano había señalado problemas jurídicos en el anteproyecto del Gobierno anterior, advirtiendo sobre la invasión de competencias estatales, mala técnica legislativa y un solapamiento normativo que generaba una importante inseguridad jurídica.
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