El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena a cinco años de prisión y una multa de 42.000 euros a un vecino de Mazo que vendía cocaína en su vivienda y ocultaba unos 300 gramos de esta sustancia en un muro separado de la casa por una carretera.
La resolución rechaza los argumentos de la defensa, que cuestionaba el alcance de la autorización judicial para el registro, la cadena de custodia de la droga y que las sustancias intervenidas estuvieran destinadas a la venta y no al consumo propio.
El recurso sostenía que el auto únicamente autorizaba la entrada y registro del domicilio, pero no la inspección del muro, para la que, según la defensa, habría sido necesario el consentimiento del propietario de la otra vivienda.
También alegaba que no debían haberse abierto los recipientes de cristal y plástico encontrados en ese lugar, al considerar que las resoluciones que limitan derechos fundamentales no admiten una interpretación extensiva.
El TSJC responde que el acusado no puede invocar la vulneración de su derecho a la inviolabilidad del domicilio por el registro de un muro que no es de su propiedad, pues estaría reclamando por un derecho ajeno.
El tribunal rechaza asimismo la alegación sobre la cadena de custodia, con la que la defensa cuestionaba dónde había permanecido la sustancia desde su intervención, que situaba en febrero de 2025, hasta su recepción en el laboratorio el 12 de marzo siguiente.
Tampoco acepta que la cocaína estuviera destinada al consumo propio, ya que en los días anteriores al registro habían sido interceptados compradores que salían de la vivienda con droga.
La investigación comenzó a principios de 2025, cuando agentes de la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma recibieron información de que el acusado vendía habitualmente estupefacientes en su residencia y establecieron un dispositivo de vigilancia.
Los agentes observaron que numerosas personas, muchas de ellas conocidas como consumidoras habituales, acudían al inmueble y, tras conversar brevemente con el acusado y entregarle dinero, recibían lo que parecía ser una papelina de droga.
En dos fechas distintas interceptaron a sendos compradores, a cada uno de los cuales intervinieron cerca de un gramo de cocaína, con una pureza de entre el 68 % y el 83 %, y que fueron sancionados por consumo y tenencia de estupefacientes.
El juzgado autorizó el 24 de enero la entrada y registro de la vivienda de Mazo donde se intervinieron dos bolsitas con casi 2 gramos de cocaína, 185 euros y una balanza digital, mientras que el resto de la sustancia fue localizada en el muro con ayuda de perros.
Para fijar la pena, la Audiencia tuvo en cuenta la agravante de reincidencia, ya que el acusado había sido condenado por el mismo delito en 2017 a tres años de cárcel.
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