El Cabildo palmero no desiste en su empeño de buscar una salida para las 4.000 camas turísticas alegales de la Isla Bonita y por eso aprobó en el pleno de celebrado este viernes, con los votos a favor del grupo de Gobierno y el PP y la abstención de Podemos, una declaración institucional solicitando al Gobierno canario la modificación del decreto 232/2010 por el que se establece el régimen aplicable en la Isla a los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico.
En este asunto, el portavoz de Podemos, Dailos González, explicó que aunque defienden que se regularicen estos establecimientos de turismo "rural" del que dependen muchas familias y que representa el modelo de turismo deseado porque deja recursos en la Isla, consideran que la solución que se pretende dar es incompleta. Además, González se mostró contrario a lo que denominó una "política de hechos consumados" porque, según dijo, el colectivo de afectados no tenía conocimiento de que se fuera a tratar este tema en esta sesión plenaria.
El presidente Pestana recordó en cambio que es la tercera vez que se trae a pleno este asunto que ya contó en su día con el apoyo de los afectados, añadiendo que "se trata de una propuesta muy técnica y trabajada con los técnicos del Gobierno canario para que ese decreto resuelva el problema de las edificaciones dedicadas a turismo en suelo rústico", corrigiendo con ello al portavoz de Podemos que habló de casas de turismo rural.
Pestana reiteró que están pidiendo por tercera vez la modificación del decreto de 2010 para la legalización de las viviendas que están en situación de clandestinidad. La posición del Cabildo, aseguró, es la misma, no ha variado, de modificar dicho decreto de 2010 y dar solución al 95% de la casuística de La Palma. "A todos nos interesa que afloren esas viviendas", algo que, señaló, cuenta además con el respaldo del Parlamento de Canarias.
