El Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de La Palma ha aprobado un paquete de medidas que permitirá poner en marcha “una de las mayores convocatorias de empleo público de su historia”, permitiendo incorporar nuevos profesionales y estabilizar la plantilla para ofrecer una administración “más ágil, eficiente y cercana” a la ciudadanía palmera.
Así lo afirma en un comunicado el consejero de Recursos Humanos, Fernando González, quien defiende la “gran apuesta” que está haciendo por mejorar la atención y servicios que se prestan a la población. “Este acuerdo, ratificado hoy por el Consejo de Gobierno, supone un paso esencial para sacar adelante una convocatoria ambiciosa que generará 82 plazas de trabajo en distintas áreas y categorías”, ha señalado el consejero.
González pone el acento en que se ha cumplido con el compromiso adquirido por el gobierno insular al inicio del mandato y explica que se están ejecutando de manera conjunta las bases de las Ofertas de Empleo Público de los años 2023, 2024 y 2025.
El acuerdo, que contó con el respaldo previo de la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 7 de mayo, abarca perfiles técnicos, administrativos y operativos. Así, hay 15 plazas de técnico de administración general (A1); dos de administrativo (C1); trece de auxiliar administrativo (C2) y dos plazas de personal laboral auxiliar administrativo. También se contemplan cinco plazas de agente de medio ambiente para la protección y vigilancia del territorio.
Estas bases contemplan una plaza de medicina; una de psicología y siete de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE); 21 plazas de operario; tres de capataz; dos de conductor de vehículos especiales; dos de oficial de primera matarife; dos de oficial de primera; una de vigilante de puntos limpios; una de peón especializado; una de ayudante de cocina; una de ordenanza con funciones de conducción, y una de ordenanza. Por último, se contempla una plaza de profesorado de violín para la Escuela Insular de Música.
González recalca que el objetivo es garantizar que la actividad administrativa no se detenga, permitiendo que estas vacantes sean cubiertas de forma interina mientras se desarrollan las bases definitivas, “asegurando así la continuidad y calidad de los servicios públicos esenciales”.
