Hernández solicita la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública municipal

El concejal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Alejandro Hernández, solicita la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública municipal porque entiende que "el Ayuntamiento debe procurar en todo momento que las empresas que contrata sean un ejemplo en materia social, laboral y medioambiental, promoviendo el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social". Entiende en este sentido, que debe encargar a los servicios jurídicos municipales un estudio sobre las cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental que se puedan incluir en las pliegos de condiciones de contratación de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, con la finalidad de asegurar tanto unas condiciones laborales dignas como unas condiciones medioambientales adecuadas y la inserción laboral de colectivos desfavorecidos.

Para Hernández, "tal como recogemos en la propuesta presentada, y de acuerdo con lo previsto en la normativa nacional y comunitaria, debe vincularse la contratación pública con la cohesión social, teniendo en cuenta que la contratación pública tiene que convertirse en un instrumento para hacer política social, para conseguir que los desiguales tengan un trato más igualitario". Por eso, añade, "hay que hablar de contratación pública responsable: de discapacidad, igualdad entre mujeres y hombres, comercio justo, medioambiente, calidad en el empleo, o inserción sociolaboral".

Como se señala en la Guía publicada por la Comisión Europea en 2011, añade Alejandro Hernández, "la contratación a realizar en el ámbito público debería tender, además de a promover las oportunidades de empleo, a asegurar el respecto a los derechos sociales y laborales, a apoyar la inclusión social, a poner en valor a las organizaciones de la economía social y a fomentar la accesibilidad para todos".

En este sentido, continúa el concejal de Nueva Canarias, "con la inclusión de estas Cláusulas se puede aprovechar mejor el potencial que la contratación pública debe desempeñar en la economía, puesto que en nuestro país el conjunto de las Administraciones dedican a la adquisición bienes y servicios o la construcción de obras, más del 16% del PIB, lo que supone más de 2.000 euros por habitante y año, construyendo un entorno en el que el progreso económico y la cohesión social dejen de ser considerados como términos antagónicos y se conviertan en pilares complementarios sobre los que levantar el futuro. El crecimiento económico debe hacerse posible aspirando, al mismo tiempo, a unas mejores condiciones de vida y de trabajo".

Se trata, manifiesta Hernández, de "salvaguardar los principios básicos de la contratación pública, como son la libre concurrencia y no discriminación, pero sin olvidar otros principios y objetivos de carácter social. Pues compaginar estos principios no sólo es lícito, sino coherente y rentable económica y socialmente, dado que con la adjudicación se prima a las empresas que cumplan el compromiso de promocionar el empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, a empresas en las que no existan desigualdades entre hombres y mujeres, y que estén comprometidas con el fomento de la formación continua de sus empleados".

Para Nueva Canarias en La Palma, según Alejandro Hernández, "con la inclusión de las cláusulas sociales asumimos un firme compromiso en relación con los colectivos con más dificultades de acceso al empleo o con riesgo de exclusión, entre los que cabe citar, quizás de una manera particular, a las personas con discapacidad, a las que afecta buena parte de estas cláusulas, lo que significa para estas personas la posibilidad de disponer de medios económicos a través de su trabajo personal, no provenientes de ayudas, subsidios ni prestaciones similares, al tiempo que se favorece la dignidad y el desarrollo en todas sus facetas".