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Breña Alta

El Juzgado obliga al alcalde a que cumpla la sentencia para ejecutar la RPT

El Sindicato Independiente de Policías de Canarias advierte que de no realizarse podrían imponer multas coercitivas

El Sindicato Independiente de Policías de Canarias (SIPC) ha informado a través de un comunicado que “el juzgado de lo contencioso nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, obliga al alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta a cumplir con la sentencia de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo), a través de una denuncia de este mismo sindicato que representa a los policías de esta Corporación municipal”.

Señalan que en una Diligencia de Ordenación que ha sido enviada al Ayuntamiento, “la letrada de la Administración de Justicia requiere personalmente al alcalde, para que en el plazo de diez días, remita al juzgado como máxima autoridad municipal, un cronograma con fecha límite, para que la RPT esté ejecutada”.

En esta misma comunicación, destacan que se le indica que “pudieran imponerse multas coercitivas en la misma persona de no llevarse a cabo la ejecución de la sentencia aludida”.

Desde el sindicato aseguran que “le llama notablemente” cómo “el primer edil del Ayuntamiento es letrado y no ha llevado a cabo el cumplimiento de varias sentencias, que llevan ya desde hace más de un año, con un claro desprecio a la Justicia, cosa ésta difícil de entender, cuando estamos hablando de una persona con conocimientos jurídicos y que sabe perfectamente las consecuencias legales de todo ello”.

Desde este Sindicato de Policías Locales, señalaron que la RPT es el instrumento técnico por el cual se define el organigrama municipal, haciendo que los puestos de trabajo se cubran de manera legal, en base a principios de objetividad, mérito y capacidad, por lo que no es otra cosa que se cumplir con la legalidad en la Corporación de Breña Alta, y que los puestos sean elegidos basándose mediante este instrumento técnico.

Por último, señalan que el Sindicato SIPC ha tenido conocimiento de que “desde las arcas municipales, y debido a la mala gestión, se ha tenido que incrementar el gasto relacionado con la defensa jurídica del Ayuntamiento, por lo que cabría recordar que son los ciudadanos los que pagan una mala gestión, en este y otros tantos temas, que continúan desarrollándose en los juzgados”.

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