Diálogo de sordos

Anda la blogosfera canaria revolucionada con un artículo de Pedro Millán del Rosario, vocal técnico de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (F.E.D.M.E.), publicado primero en su blog Malpaís y elevado luego a la categoría de artículo de opinión en El Día. El texto en cuestión se titula Por qué La Palma desaparece del Mapa Europeo de Senderos y comenta la eliminación de la Red Insular de Senderos del catálogo europeo de la Asociación Europea de Senderistas (E.R.A.) durante la última asamblea de este organismo, celebrada precisamente en La Palma.

El hecho, que para el que esto firma resulta una muy desagradable novedad, desvela además la exigencia formal de la Federación de que el Cabildo retire todas las señales de la Red Insular, así como la Topoguía (la publicación oficial que la describe) y cuantos folletos, mapas y materiales publicitarios incluyan las reconocibles balizas rojas, amarillas y verdes.

Aunque un servidor podría compartir (y de hecho comparte) algunas de las críticas vertidas en el artículo, como el retraso en la puesta en marcha de los albergues o la desatinada propuesta de gestión del sendero de Marcos y Cordero (actual PR LP 6), creo que el análisis realizado merece como mínimo el calificativo de parcial, por lo menos en ausencia de sus antecedentes.

Cierto es que, como afirma su autor, la titularidad de las balizas corresponde en exclusiva a la Federación. Así lo reconoce tanto la legislación española sobre patentes y marcas como el propio Decreto regional que regula esta actividad deportiva, que homologa la señalización canaria a la de la propia E.R.A y, por extensión, a la de la F.E.D.M.E.

Pero es este mismo decreto el que afirma, textualmente, que la homologación de los senderos "será acordada por los Cabildos Insulares, a iniciativa propia o ser promovida por los Ayuntamientos o la Federación Canaria de Montañismo" (artículo 9.1). Por tanto, y aunque la Federación tiene derecho a ser oída, en modo alguno puede arrogarse la facultad de dictaminar en última instancia si los senderos de La Palma cumplen o no con la legislación vigente, como se afirma con total alegría en el artículo.

Es decir, que el Cabildo no puede usar las balizas sin el permiso de la Federación y sin embargo ésta carece del poder para suspender la homologación de un sendero sin el permiso de aquél.

Desde que en septiembre de 2006 ambas instituciones firmasen un convenio de colaboración para la revisión de la Red, este delicado equilibrio legal ha derivado en una guerra subterránea, en la que el citado artículo y la retirada de la Red Insular del Mapa Europeo suponen los dos últimos y lamentables episodios.

En este desgraciado diálogo de sordos, el orgullo y los intereses personales han estado muy por encima de lo que cabía esperar de ambas partes. Del lado del Cabildo, porque ha carecido de la cintura necesaria para ser consecuente con lo que en su momento firmó. Y del lado de la Federación, porque no ha dudado en recurrir a tácticas irresponsables y próximas al chantaje para arrimar el ascua a una jugosa sardina de 22.435 euros (lo que no está nada mal para una entidad sin ánimo de lucro). Que la institución responsable de promover esta actividad deportiva no dude en recurrir, por acción u omisión, a socavar el prestigio de la mejor y más completa Red Insular de Senderos de Canarias es una auténtica desgracia.

Tres años después de la firma del convenio,  no puede permitirse que los senderos de la isla sigan siendo la moneda de cambio con la que se dirime este desacuerdo. Por el bien de todos, es hora de descolgar el teléfono, revisar lo firmado si así se entiende necesario y enterrar este desagradable episodio para siempre.

Daniel Martín Gómez es periodista y coautor de "La Palma y sus caminos: 30 rutas escogidas"