El Gobierno da por justificado el 67% del Fdcan de 2017 y pide al Cabildo el reintegro de 2,4 millones

El Gobierno de Canarias da por justificado el 67% del Fdcan de 2017 en la isla y pide al Cabildo el reintegro de 2,4 millones, en base al informe provisional de la auditoría encargada para analizar la certificación de dicha anualidad correspondiente al Fondo de Desarrollo de Canarias en La Palma, tal y como se acordó en la Comisión de Seguimiento celebrada en noviembre. Este informe de auditoría se emite tras la colaboración técnica entre ambas administraciones para corregir la documentación presentada inicialmente en el plazo de un mes dado al Cabildo Insular a tal fin.

El viceconsejero de Hacienda, Javier Armas, no ha dudado en afirmar que “la actuación del Gobierno de Canarias ha permitido reconducir adecuadamente la situación del Fondo de Desarrollo de Canarias en la isla de La Palma” y ha confirmado que ya se ha trasladado el resultado provisional de la auditoría al Cabildo.

Esta auditoría es uno de los pasos que se están dando en la hoja de ruta establecida por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, para evitar, dice, que La Palma pierda los fondos. En esta línea indica que “el Gobierno de Canarias ha conseguido dar justificados el 67% de los fondos transferidos al Cabildo a través de la anualidad del Fdcan de 2017 y propone un reintegro de 2,4 millones de euros”.

“Estamos satisfechos porque la hoja de ruta aprobada entre las partes se está cumpliendo y podríamos dar por solucionados los problemas que ha tenido el Cabildo Insular con la anualidad de 2017 del Fdcan de La Palma”, explica Javier Armas, quien añade que antes de final de mes se celebrará una nueva comisión de seguimiento. “La voluntad del Gobierno de Canarias siempre ha sido colaborar para que los recursos de La Palma se queden en la isla y ayudar al Cabildo para que esto fuera así”. “No obstante, lamentamos -añade- que el Cabildo de La Palma no haya podido ejecutar la totalidad de los fondos que le fueron asignados, pese a lo cual se ha salvado la mayor parte de ellos”.

Entre otras cuestiones, la auditoría no da por justificados los costes indirectos que declara la Corporación insular como gastos asociados a la ejecución de las actuaciones, que ascienden a 978.918,81 euros. Además, cuestiona la cantidad que imputan como costes indirectos a los proyectos.

El viceconsejero aclara que ahora se abrirá un nuevo periodo de alegaciones sobre la auditoría en el que el Cabildo tendrá la oportunidad de presentar nueva documentación sobre esos costes indirectos, y confirmó que, “una vez elevada a definitiva la auditoría, la cantidad resultante a devolver se descontará de la parte de la anualidad de 2018 pendiente de liberar”.

Javier Armas recordó que la resolución emitida por la Viceconsejería en noviembre se deriva de la información recibida al cierre del periodo de justificación el pasado 31 de octubre. La certificación remitida por el Cabildo de La Palma en ese momento solo justificaba 1,7 millones de euros del total de los recursos. “Tras los requerimientos del Gobierno y el compromiso de ambas partes de agilizar las actuaciones, la colaboración técnica entre ambas administraciones, ha permitido que el Cabildo emitiera un segundo informe rectificando la documentación inicial, sobre el que finalmente se ha realizado la auditoría provisional”.

Comisión de seguimiento

Para permitir que los fondos se inviertan en la isla, recordó, “la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, instó al Cabildo de La Palma abrir la anualidad de 2018 a la participación directa de los 14 ayuntamientos de la isla en ejecución de obra a lo que se ha comprometido el Cabildo, y así agilizar las actuaciones y evitar que se repitan situaciones similares a las sucedidas en el FDCAN hasta ahora”. Esta medida se concretará en la comisión de seguimiento que se celebrará antes del final de este mes de enero.

En ella, el Cabildo deberá presentar la reprogramación de los fondos y de las obras que están en marcha en este momento, contando ya con la participación directa de los municipios. El plazo de ejecución en estas nuevas iniciativas se inició el pasado 1 de enero de 2018 y se prolongará hasta el 31 de julio de 2019.