El Cabildo de La Palma se encuentra elaborando una serie de informes para radiografiar de manera exacta el volumen de pérdidas de agua en las redes de abasto de cada uno de los municipios de la isla. Se trata de un problema que afecta a prácticamente todos los municipios de la Isla desde hace años, “teniendo que comenzar este trabajo el actual grupo de gobierno”, según ha indicado este jueves en una nota.
La corporación ya ha culminado una primera fase de este diagnóstico global, aunque ha advertido de que aún faltan datos esenciales por parte de varios ayuntamientos, un requisito indispensable, ya que sin esa información técnica precisa es imposible resolver el problema estructural de raíz.
En el debate de una moción presentada por el grupo socialista sobre este tema, el consejero de Aguas, Juan Ramón Felipe, destacó que desde el grupo de Gobierno del Cabildo se aclara que la realidad financiera de la institución frente a las demandas de intervención directa hacen imposible esa actuación. “Actualmente no tenemos la capacidad económica para asumirlas”, señaló, aclarando que al estar afrontando el Cabildo “el colosal y prioritario reto” de la reconstrucción de la isla, la institución carece de margen financiero para poner en marcha nuevos programas complementarios por su cuenta en esta materia.
Además, Juan Ramón Felipe, recordó que los acuerdos propuestos por la moción presentada ya están en marcha por parte del Consejo Insular de Aguas y en trabajo estrecho con los ayuntamientos.
En ese sentido, el presidente insular, Sergio Rodríguez, señaló que el Cabildo de La Palma no se va a quedar de brazos cruzados y utilizará las potentes herramientas de inversión de las que ya dispone.
Sergio Rodríguez hizo hincapié en que el Cabildo no puede seguir esperando por los fondos del Estado que permitirían disponer de cuantías para esto y otras cosas importantes y por eso se estudia vincularlo al Plan de Infraestructuras y Desarrollo Local (PIDL). El objetivo estratégico de la corporación es aprovechar el próximo, un programa que inyecta 40 millones de euros repartidos entre los municipios de la isla, para obligar por decreto a los ayuntamientos a atajar sus problemas de fugas.
La propuesta técnica en la que se trabaja contempla vincular directamente el uso de los fondos del PIDL a las deficiencias detectadas. De este modo, en las bases del próximo plan se obligará a los consistorios a aplicar el porcentaje de sus pérdidas de agua de manera estrictamente simétrica con las inversiones que reciban. Es decir, aquellos municipios que presenten mayores niveles de pérdidas en sus redes públicas se verán obligados a destinar una parte equivalente de sus fondos del PIDL a la reparación, modernización y optimización de sus infraestructuras hidráulicas.
Para que esta medida de control y corresponsabilidad pueda entrar en vigor con total seguridad jurídica, el Cabildo reitera que es estrictamente necesario disponer del informe definitivo que incluya a la totalidad de los municipios de La Palma.
Desde la institución insular se hace un llamamiento a las administraciones locales que aún tienen datos pendientes para que aceleren su entrega, ya que solo desde un conocimiento preciso y global de la situación del agua en la isla se podrá activar este plan de choque destinado a frenar el desperdicio de un recurso que es vital para el desarrollo económico y social de la Isla.
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