El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha mostrado su “profundo rechazo” tras el posicionamiento del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias en relación con las enmiendas presentadas para salvaguardar la economía insular. “El PSOE tendrá que explicar por qué vota en contra de La Palma en el Parlamento de Canarias”, ha aseverado el titular del Cabildo, censurando que los socialistas hayan votado en contra de los intereses de los palmeros y palmeras en un momento crucial para la recuperación.
“Estoy sorprendido una vez más y, la verdad, hasta cierto punto molesto por la postura de un Partido Socialista en La Palma que vuelve a poner por delante los intereses de su partido y sus colores que los de los ciudadanos afectados de nuestra isla y del Valle de Aridane”, ha manifestado rotundamente Rodríguez.
El Cabildo de La Palma hizo su trabajo a través de una carta a todos los grupos parlamentarios. En ella, ha recalcado Sergio Rodríguez, “pedíamos que aceptaran debatir las enmiendas presentadas in voce, ya que el reglamento recoge que tiene que haber unanimidad para poder hacerlo, pero al vetarlas el PSOE y NC, independientemente de que votaran en contra de la ley después, cercenaron la posibilidad de que ya ayer las hubiera recogido la ley modificada aprobada”.
El posicionamiento en contra de los intereses de la ciudadanía de la Isla surge en la votación de este miércoles sobre la modificación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Desde el Cabildo insular y con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, menos PSOE y Nueva Canarias, se requirió blindar los derechos de las familias afectadas y el modelo económico insular por encima de la “guerra política” y evitar que la nueva normativa autonómica lesione los derechos de los damnificados por la erupción de 2021 o cercene el desarrollo socioeconómico de la isla.
El presidente insular ha enfatizado que existen cuestiones fundamentales que deben ser transversales a las discrepancias partidistas. La primera de las enmiendas planteadas exige salvaguardar de forma explícita los derechos de las familias que perdieron sus propiedades bajo las coladas del Tajogaite, no solo para reconstruir sus casas, sino para mantener el uso de vivienda vacacional que venían ejercitando y que constaba registrado oficialmente en el Gobierno de Canarias.
La normativa autonómica general impone la exigencia de una antigüedad mínima de cinco años para habilitar la comercialización turística, lo que representa un filtro temporal que limita el derecho pleno a la reconstrucción y explotación comercial de los afectados. “Esta justa pretensión de mantener el uso preexistente ya está respaldada por el espíritu y la literalidad de la propia Ley del Volcán y por los decretos de recuperación dictados por el Gobierno de Canarias”, ha recordado Rodríguez.
La segunda propuesta busca blindar la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma (Ley de Islas Verdes). Este marco legal especial cuenta con supremacía sobre la planificación general y no puede verse condicionado por la nueva regulación turística.
Sergio Rodríguez ha calificado de incomprensible la postura del PSOE, recordando que en su momento firmaron el apoyo al desarrollo turístico insular, pero ahora vetan en la Cámara la modificación legal que ampara a los pequeños propietarios. Por ello, ha recalcado que “me sorprende además que el portavoz del Partido Socialista en La Palma haya adelantado que su grupo había presentado una enmienda ‘copiando’ básicamente una propuesta en la que Coalición Canaria lleva trabajando meses en defensa de los afectados por el volcán. Hemos comprobado que no hay ninguna enmienda registrada en este momento por su parte, por lo que lo que ha hecho el señor Perdomo es mentir a los ciudadanía de La Palma”.
También recuerda que “en La Palma no existen grandes tenedores ni cadenas de explotación masiva. Es un ecosistema de viviendas unifamiliares que aportan rentas complementarias a las familias, ayudan a fijar población, recuperan fincas agrícolas en las medianías y generan un turismo no invasivo. Aunque trabajamos en los Instrumentos de Planificación Singular Turístico para ampliar plazas de formato tradicional, en este momento no podemos prescindir de ninguna cama ni de ninguna herramienta que genere dinamismo económico”, argumenta el presidente palmero, destacando además el perfil pionero de la isla en la promoción de vivienda pública y protegida.
A esta posición se ha sumado el diputado de Coalición Canaria por La Palma y alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, quien ha solicitado formalmente al Gobierno de Canarias la aprobación urgente de un Decreto-Ley que fije unos requisitos mínimos y transitorios para el alquiler vacacional. Esta solicitud se produce tras comprobar que PSOE y Nueva Canarias vetaron la tramitación de la enmienda in voce presentada por los nacionalistas durante la tramitación de la Ley de agilización y simplificación de licencias.
La propuesta vetada por socialistas y canaristas planteaba un procedimiento transitorio sencillo, basado en la presentación de planos, fotografías y número de expediente, junto a medidas de seguridad básicas y una moratoria de cinco años para que las edificaciones unifamiliares aisladas de las Islas Verdes pudieran adaptarse plenamente a la normativa de actividades clasificadas.
“La Palma se encuentra en pleno proceso de reconstrucción tras la erupción de 2021 y no puede permitirse perder ni una sola cama turística mientras se adapta a los parámetros de calidad”, ha advertido Jonathan Felipe. “No tendría sentido que Canarias reconozca por un lado el derecho de las familias afectadas a reconstruir sus viviendas y sus usos turísticos, y al mismo tiempo se genere una inseguridad jurídica que impida desarrollar esa actividad, que es esencial para la recuperación económica”.
En esa misma línea, el propio presidente regional Fernando Clavijo ha reafirmado la voluntad del Ejecutivo de dar respuestas reales y buscar alternativas que no dejen desprotegidos a los pequeños propietarios de la isla.
“No tenemos varitas ni pócimas mágicas para resolver los problemas de la noche a la mañana, pero sí trabajamos decididamente para buscar soluciones. Han sido muchas las dificultades, pero este Gobierno no ha mirado para otro lado. Hemos venido a cambiar las cosas, con la predisposición constante de escuchar y mejorar las leyes”, ha declarado Clavijo.
En este sentido, el presidente autonómico ha anunciado que, a través de la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto, el Gobierno regional continuará trabajando sin descanso para articular los mecanismos legales necesarios que otorguen plena seguridad jurídica en la aplicación y desarrollo de la Ley de Islas Verdes frente a las incertidumbres generadas por la regulación autonómica.
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pejes verdes
Llama la atención de que una ley que elabora CC-PP y la lleva al Parlamento para su aprobación, necesita una modificación in extremis para “salvaguardar los intereses de La Palma”.
Porque no la elaboraron desde principio como querían?.
Porque es una chapuza.
También llama la atención en que promuevan turismo como el de las Islas turistificadas, contradiciendo el discurso del “modelo singular”.
“Aunque trabajamos en los Instrumentos de Planificación Singular Turístico para ampliar plazas de formato tradicional….”
Turismo en todo el territorio, no puedes hacer unas casa para vivir, pero si una vivienda turística, para el turismo, mano abierta, para los “nativos” puño cerrado.
Está claro a “quien sirve CC” de “obediencia Canaria”.
Medianeros del capital foráneo.
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Juvenil
Sergito, eres buen orador, pero poco currante. Y si te rodEAS De gente sin estudios como consejeros más aún. Que poco te queda,,,
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peppered
La cuestión no es culpar , más bien sería preguntar que hicieron CC y PP , ante esta ley que afecta gravemente a las islas como La Palma Gomera Hierro .
Todo un montaje para justificar los partidos que ostentan gobierno canario su sometimiento a las decisiones de las grandes empresarios y cadenas hoteleras
La consejera de turismo del gobierno de canarias con la complicidad de CC acaba con la alternativa de complemento de renta eñ las islas verdes .
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Martia
Amén Lolo
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Bientegusta
CC es lo más veleta que he visto en mi vida.
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GALVA
Todos los representantes palmeros de Sectas politicas han votado en contra de intereses palmeros…
Es una de las patologias de la politica canaria.
TODOS…Por servilismo y conveniencia sectaria.
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AZERO
A pesar de que las artimañas socialistas me repugnan, tengo que reconocer que el argumentario expuesto por Lolo resulta impecable y ajustado a la realidad. Además de admirablemente redactado y de fácil comprensión.
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Lolo
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha optado por convertir un debate parlamentario técnico en una acusación de traición. Tras el rechazo del Grupo Socialista y de Nueva Canarias a admitir a trámite unas enmiendas presentadas de forma improvisada sobre la regulación del alquiler vacacional, Rodríguez ha declarado que “el PSOE tendrá que explicar por qué vota en contra de La Palma”. La frase es efectiva. También es engañosa.
Lo que ocurrió en el Parlamento de Canarias no fue un ataque a la isla, sino la aplicación ordinaria del reglamento: las enmiendas “in voce” requieren unanimidad precisamente para evitar que cambios de calado se introduzcan sin el debido escrutinio. Exigir ese trámite no equivale a votar contra los afectados por la erupción del Tajogaite. Presentarlo de ese modo sí constituye un ejercicio deliberado de polarización.
Rodríguez enmarca su crítica en la defensa de los derechos de quienes perdieron sus viviendas bajo las coladas de 2021. Es un argumento con peso emocional legítimo. Sin embargo, eleva la preservación del uso turístico de esas propiedades a la categoría de principio intocable, como si cualquier filtro normativo —incluida la exigencia de antigüedad que rige en el resto del archipiélago— constituyera una afrenta. La recuperación de La Palma no puede descansar indefinidamente en excepciones que perpetúan un modelo de vivienda vacacional cuya sostenibilidad, incluso a escala insular, merece un debate más profundo que el de la urgencia partidista.
La acusación de que el portavoz socialista en La Palma mintió al afirmar haber presentado una enmienda similar resulta igualmente reveladora. Si existía una propuesta sólida y registrada con antelación, no habría sido necesario recurrir a la vía de emergencia. El episodio sugiere menos una conspiración contra la isla que una dificultad para articular, dentro de los cauces ordinarios, una defensa jurídica convincente de los intereses que se dicen representar.
Hay un patrón reconocible en esta estrategia. El trauma colectivo del volcán se convierte en capital político. Quienes discrepan de la línea marcada por el Cabildo y por Coalición Canaria son retratados no como adversarios legítimos en un sistema parlamentario, sino como enemigos de los palmeros. Ese recurso tiene una eficacia corta: moviliza, indigna y simplifica. También erosiona la posibilidad de construir consensos duraderos sobre la reconstrucción y el modelo económico de la isla.
La Palma necesita seguridad jurídica, sí. Necesita también una reflexión serena sobre qué tipo de turismo y qué tipo de vivienda puede sostener sin reproducir las distorsiones que ya afectan a otras zonas de Canarias. Convertir cada desacuerdo normativo en una acusación de abandono no acerca esa reflexión. La posterga.
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