Alicia Vanoostende lleva a la Justicia al Gobierno de Canarias ante su negativa a facilitar la información sobre las ayudas del volcán

La diputada socialista por la isla de La Palma, Alicia Vanoostende, ha explicado en rueda de prensa que “la falta de transparencia del Gobierno de Canarias en la gestión de las ayudas a las personas damnificadas por el volcán lo que ha obligado a llevar a la justicia la solicitud de un listado de los beneficiarios de ayudas públicas relacionadas con el volcán Tajogaite, dado que el Ejecutivo de Coalición Canaria y el Partido Popular se lo ha negado sistemáticamente, a pesar de contar con el amparo de la Mesa del Parlamento”.

“Si hoy estamos en los tribunales es porque el Gobierno de Canarias se ha negado sistemáticamente a darme la información que le he pedido como diputada”. “Yo no he elegido este camino. El Gobierno me ha llevado hasta aquí”, apostilló.

La parlamentaria socialista, que estuvo acompañada en la comparecencia de prensa por el secretario general y el de organización del PSOE de La Palma, Borja Perdomo y Francisco Paz, respectivamente, manifestó que “no estoy cuestionando las ayudas, las cantidades pagadas ni a los beneficiarios”. “Estoy pidiendo información para poder hacer mi trabajo como diputada, que representa a la ciudadanía y tiene encomendada la labor de controlar al Gobierno. Y para controlar al Gobierno necesitamos información”.

Vanoostende subrayó que esta negativa del Gobierno atenta contra un derecho fundamental, amparado en la Constitución española y en numerosas sentencias. “No puede depender de que al Gobierno le parezca bien o mal entregar la información que solicitamos. Porque no es un favor que nos hace el Gobierno, es su obligación”.

“El derecho al acceso a la información por los diputados y diputadas es un derecho fundamental. Algo muy serio. Porque supone el derecho de los diputados a ejercer su función de control al Gobierno. Y si este derecho se ve obstaculizado, se resiente la democracia”, advierte.

Vanoostende hizo un relato cronológico sobre el proceso que ha seguido hasta ahora este proceso, que comenzó solicitando al Gobierno información sobre el listado de beneficiaros de ayudas relacionadas con el volcán. Ante la solicitud, le ofrecieron desde el área de Presidencia consultar la documentación en la Consejería.

“Es decir, yo pedí un listado y el Gobierno me dijo: venga usted a verlo. Pero yo no necesito simplemente verlo. Necesito poder estudiarlo y poder trabajar con esa información. El Gobierno me ofreció mirar. Pero mi trabajo no es mirar, mi trabajo es fiscalizar”.

En cualquier caso, la diputada señala que el Gobierno no cumplió con la normativa. “No lo digo yo, lo dice el servicio jurídico del Parlamento en su informe”, apostilló.

En esta línea, la diputada quiso dejar claro que la protección de los datos y el acceso a la información “son perfectamente compatibles” y lamenta que desde CC se pretenda generar un enfrentamiento con las personas afectadas insinuando que pudiera filtrar los datos.

Recuerda que los servicios jurídicos del Parlamento estudiaron su solicitud y “respaldaron mi derecho a acceder a la información”. “A pesar de eso, el Gobierno siguió sin facilitarla. Y después, en el Pleno, lamentablemente los grupos que sostienen al Gobierno votaron en contra de que se me entregara”.

En esta línea señaló que hubo representantes de esos grupos que respaldaron en la Mesa el criterio de los servicios jurídicos, entre ellos, Ana Oramas y Mario Cabrera, de Coalición Canaria, y Luz Reverón, del Partido Popular, y después votaron en sentido contrario en el Pleno. “Por lo tanto, ya no estamos hablando simplemente de una diferencia de interpretación jurídica, sino de una decisión política de no facilitar la información”.

“Agotamos, por tanto, todas las vías (Parlamento. Mesa, Pleno) hasta llegar finalmente en los tribunales. No hemos buscado este conflicto, pero cuando no quedaba otra opción, acudimos a la Justicia”. “La Justicia es el último recurso cuando un Gobierno se niega a rendir cuentas”, apostilla.

Lamenta que se haya tratado públicamente de dar a entender que el PSOE obliga a los afectados a personarse en agosto”. “El PSOE no ha emplazado a nadie. Yo no he emplazado a nadie. Es el Gobierno de Canarias quien ha publicado ese emplazamiento. Ni el PSOE ni yo hemos llevado a los afectados a los tribunales ni les hemos pedido que se personen”, aclara.

“El recurso que he presentado no pretende modificar sus ayudas ni sus derechos. Pretende que se respete el derecho de una diputada a acceder a información para hacer su trabajo. Estamos cuestionando que el Gobierno impida el control parlamentario sobre cómo se han gestionado esas ayudas”.

Vanoostende advierte a CC que “los afectados por el volcán ya han sufrido bastante. No merecen ser utilizados políticamente. Lamentamos que se pretenda enfrentarlos con una diputada que sólo está haciendo su trabajo, pero sobre todo lamentamos que se emitan mensajes erróneos que les puedan producir desasosiego”.

La diputada señala que esta obstrucción a la labor parlamentaria por parte del Gobierno de Clavijo conduce inexorablemente a preguntarse “¿por qué no quiere entregar la información? ¿Qué problema hay en entregar un listado de las ayudas concedidas?”

“Si las ayudas están correctamente concedidas. Si las cantidades son correctas. Si todo se ha tramitado conforme a la legalidad. ¿Por qué no podemos conocer la información para poder comprobarlo? Un Gobierno que está convencido de que ha hecho las cosas bien debería ser el primer interesado en que el Parlamento pueda comprobarlo. El que nada teme, nada oculta”, subraya.

Borja Perdomo, por su parte, mostró el respaldo del PSOE de La Palma a la diputada socialista en esta iniciativa, que “solo persigue el cumplimiento de un derecho democrático, que se está vulnerando al impedir a una parlamentaria el acceso a una información que debería ser pública”.

El secretario general del PSOE lamenta que con la llegada del actual Gobierno de Canarias “han cambiado determinados pilares, que han perjudicado notablemente al proceso de recuperación de la Isla, como lo relativo a la transparencia a estas ayudas”. “Siempre hemos defendido no solo una reconstrucción justa y efectiva para La Palma, sino que también sea transparente”, apostilló.