El pasado día 30 de diciembre el grupo de gobierno insular fue obligado a abonar la cantidad de 70.366,57 euros en concepto de intereses de demora a una empresa por abono tardío de algunas certificaciones tras ser condenados por sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La inversión de la que nace esta reclamación se refiere a la balsa de Los Galguitos.
El grupo popular ha solicitado conocer las razones por las que se ha llegado hasta esta resolución judicial "puesto que nos parece gravísimo que tal y como la situación se tenga que destinar una partida económica como ésta para este fin", manifiestó el consejero popular Carlos Cabrerar. "No entendemos que en la situación económico-financiera de la institución insular se puedan producir tales retrasos cuyas consecuencias, por otro lado, tienen unas exigencias económicas inadmisibles", subrayó.
El grupo popular denunció que mientras no se reconocen y ejecutan actuaciones de interés para nuestra isla, incumpliendo incluso acuerdos plenarios por no alcanzar los recursos económicos suficientes por una falta de gestión, de una nula preocupación por resolver a tiempo los problemas que se presentan nos encontremos en situaciones como esta. "Dinero público que tendría que ser destinado a cubrir inversiones o necesidades reales en nuestra isla y no para "regalar" alegremente por no resolver adecuadamente los asuntos de gobierno", finalizó el consejero popular.
