La formación política Contigo La Palma ha presentado alegaciones al anteproyecto de decreto territorial con el que se pretende aprobar el Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico de Canarias, sometido a información pública por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo regional.
El partido que preside Javier Gutiérrez Taño apoya el mencionado borrador y lo considera “un avance en la dirección correcta”. Según indica en una nota de prensa, las alegaciones ya registradas “no buscan frenarlo, sino reforzarlo”. “Pedimos a la Administración autonómica que no ignore la ley canaria ni la española ni la europea”, señala.
La Ley de Aguas de Canarias de 1990 dio un plazo máximo de cincuenta años a los aprovechamientos inscritos como aguas privadas. Ese plazo vence en 2040 y, a partir de ese año, quien quiera seguir explotando el agua deberá hacerlo mediante una concesión administrativa. Contigo La Palma «quiere y apuesta por que esa fecha sea un cierre definitivo, y que los años que quedan hasta alcanzarlo no se usen para esquivar el control público».
Cinco propuestas
Al respecto, el nuevo partido plantea 5 propuestas: «1) Ninguna prórroga después de 2040. El reglamento debe prohibir de forma expresa cualquier prórroga, moratoria o “continuidad provisional”. Quien no tenga concesión en esa fecha, deberá terminar las extracciones, y el agua volverá a la administración hidráulica.
2) Obras grandes, solo con concesión. Las reperforaciones o prolongaciones importantes de pozos y galerías privados solo deberían autorizarse si el titular pide a la vez pasar al régimen de concesión pública.
3) Contadores en tiempo real, para todos y ya. Todos los pozos y galerías, también los de heredamientos y comunidades de aguas, deberían instalar telemedidas en un plazo fijado por el reglamento que sea improrrogable. La Administración tiene que saber cuánta agua tiene el sistema y cuánta se extrae.
4) Transparencia obligatoria en los heredamientos. La ley canaria los considera corporaciones de derecho público y exige que su estructura sea democrática. Si no rinden cuentas ante el Consejo Insular de Aguas, esta debería ser una infracción grave.
5) Desalación agrícola solo donde haga falta. La desalación es necesaria en Canarias, pero es más cara y genera salmuera, aparte de un alto consumo energético. Por eso, debería autorizarse para riego solo cuando el Plan Insular Hidrológico acredite que el agua de pozos, galerías, nacientes y presas no basta para cubrir la demanda».
“El anteproyecto de decreto mencionado va bien encaminado, pero lo que pedimos es que no deje ninguna puerta abierta a no respetar los plazos fijados por la Ley de Aguas de Canarias: la extinción de los derechos de las aguas privadas en el año 2040 y de las concesiones públicas en el 2065”, recalca Gutiérrez Taño.
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