Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma han registrado iniciativas parlamentarias para conocer cómo está aplicando la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la deducción del 60% en el IRPF a los trabajadores residentes en La Palma y, en particular, al personal docente de la Isla.
Esta medida, aprobada por el Consejo de ministros el pasado 8 de septiembre mediante el Real Decreto-ley 23/2026, amplía al ejercicio 2026 la deducción del 60% en el IRPF para las personas que tengan su residencia habitual y efectiva en La Palma. Se trata de una medida fiscal destinada a aliviar la carga económica de los residentes en la Isla, en el contexto de las consecuencias económicas y sociales que todavía arrastra la erupción volcánica.
Sin embargo, los diputados socialistas han recibido comunicaciones de trabajadores de Educación que alertan de que la Consejería no está teniendo en cuenta esta deducción en el cálculo de las retenciones de sus nóminas y está trasladando a los propios empleados la responsabilidad de solicitar su aplicación.
Según las comunicaciones recibidas, cuando los docentes han reclamado que se les aplique la medida, se les ha indicado que deben solicitarlo por escrito y aportar un certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que acredite su derecho a la reducción y determine el porcentaje de retención correspondiente.
Para los diputados socialistas, esta respuesta plantea dudas sobre la correcta aplicación de la normativa. “No podemos permitir que una medida aprobada precisamente para aliviar la situación económica de los residentes en La Palma termine convirtiéndose en una carrera de obstáculos burocráticos para quienes tienen derecho a beneficiarse de ella”, señalan los diputados.
Por este motivo, exigen a la Consejería de Educación que aclare los criterios que está siguiendo, revise los procedimientos de nóminas y garantice la correcta aplicación de la deducción a los trabajadores que cumplan los requisitos legales.
“Lo que pedimos es que se hagan bien las cosas. Que la Consejería informe adecuadamente a sus trabajadores, que no les exija documentación que no está prevista como requisito general en la normativa y que aplique correctamente la medida en las nóminas, sin trasladar a los docentes una carga administrativa que no les corresponde”.
Los representantes socialistas recuerdan que la bonificación fiscal es una medida importante para La Palma y que su aplicación efectiva no puede depender del conocimiento que tenga cada trabajador de sus derechos ni de que tenga que reclamar individualmente ante la Administración.
“La medida está aprobada y hay que facilitar que llegue a la gente. No basta con aprobar ayudas y beneficios fiscales; también hay que preocuparse de que se apliquen correctamente”.
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