El grupo municipal popular de Santa Cruz de La Palma y el grupo insular del mismo partido muestran su rechazo a la disminución de las partidas que desde el área social de la Institución palmera se destina a la renovación de los convenios de colaboración con los ayuntamientos de la isla para el Apoyo, Mejora y Cualificación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
"No parece razonable que en estos momentos de serias dificultades económicas quienes paguen supuestos ajustes presupuestarios sean los más necesitados. En el caso de nuestro municipio , la reducción de diez mil euros en la aportación realizada por la institución insular puede suponer que, a partir del 1 de julio, una media de siete usuarios no puedan seguir contando con este servicio domiciliario", manifiesta el concejal delegado del área social del Ayuntamiento capitalino, Juan José Cabrera. "Los Ayuntamientos como protagonistas esenciales en la prestación de los servicios de atención social debe contar con una garantía mínima anual que permita el mantenimiento de este servicio sin que esté sujeta a los vaivenes que la Institución insular realice en sus presupuestos sociales", dice el concejal del área.
Asimismo, el consejero popular Carlos Cabrera advierte de que "el Cabildo en reiteradas ocasiones hace lo contrario de lo que dice, dejando así, en este caso, muy lejos aquel pomposo objetivo, de que esta iba a ser la legislatura de las personas". Con esta medida se disminuye en un 31% la aportación insular destinada a todos los ayuntamientos de nuestra isla (pasando de los 320.000 euros a 220.000 euros en el presente ejercicio). A ello debemos unir la disminución de 40.000 euros de aportación a los Ayuntamientos al plan sociosanitario para discapacitados y la de 30.000 euros para la atención de los mayores que, a través de modificaciones presupuestarios, "ahora se destina a gastos corrientes del capítulo segundo (premios, horas extras, publicidad y propaganda….) en vez de destinarlo a aquellas u otras acciones sociales".
Ambos responsables públicos coinciden que la gestión de los servicios de asistencia y atención social requieren el máximo compromiso económico, el mantenimiento y, en su caso, aumento de las prestaciones hacia los que más lo necesitan y una acertada cooperación interadministrativa, "lo que, por desgracia, no es lo habitual", aseguran.
