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Los afectados por Costas en Fuencaliente acuden a los juzgados para evitar el derribo de sus viviendas

Puntalarga. D.M.

Los vecinos afectados por la Ley de Costas de las zonas de Puntalarga y El Faro en Fuencaliente ejercitan diferentes acciones legales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, para evitar el derribo de sus viviendas.

El letrado y presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (PCALC), José Luis Langa González, ha explicado que “son varias las figuras legales en las que nos amparamos, pues las circunstancias que concurren también son distintas”.

La mayoría de estos asentamientos recibieron el pasado mes de junio, del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, una orden de ejecución para el desalojo forzoso y la demolición de más medio centenar de viviendas, 25 en El Faro y más de 30 en Puntalarga, que afectarán a unos trescientos vecinos.

En todos los casos, el letrado indica que “las medidas cautelares solicitadas son completamente necesarias para asegurar la efectividad de la futura sentencia que en su día se dicte”. El objetivo de estas acciones judiciales es “evitar el derribo y demolición de estas viviendas que, aunque están ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre, pueden considerarse núcleos poblacionales urbanos consolidados, pues disponen de luz, agua, carreteras, etc.”, agrega Langa González.

El abogado considera que “dichas viviendas pertenecen a familias canarias humildes, la gran mayoría de ellas con tradición pescadora, que residen en el lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, incluso algunas desde el año 1962”.

 

Antecedentes

En junio de 2005, el Servicio Provincial de Costas de Tenerife resolvió recuperar el dominio público de estos enclaves “ocupado indebidamente”, y ordenó la demolición de las construcciones y la retirada de sus restos con reposición del terreno a su estado primitivo.

En la actualidad, la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas está litigando para que se suspenda la ejecución de desalojo de la totalidad de las viviendas afectadas, y solicitará reunirse con los responsables de las distintas Administraciones con el fin de evitar “que personas humildes sufran un desalojo injusto”, indica el presidente de la Plataforma.

 La Plataforma firmó en 2016 un acuerdo para la creación de una comisión mixta, integrada por representantes de la Federación Canaria de Cabildos, la Federación Canaria de Municipios y el Gobierno de Canarias, “con el fin de evitar situaciones como esta”, subraya Langa González.

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