El Gobierno declara zonas catastróficas por el fuego en Tenerife, La Palma y Gran Canaria

El Gobierno ha declarado zonas catastróficas afectadas por un total de 37 incendios forestales desde el pasado 17 de mayo a diferentes áreas de siete comunidades autónomas, entre ellas las dañadas por los fuegos este verano en Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

En concreto, reciben esa declaración las áreas afectadas por el incendio de Puntagorda y Tijarafe en La Palma, el de Tejeda y San Mateo en Gran Canaria y el que comenzó en Arafo y se extendió por buena parte del norte de Tenerife, citados por orden cronológico.

Así lo ha señalado la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, y lo ha explicado el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se produce un día después de la depresión aislada en niveles altos (DANA), que se ha cobrado la vida de tres personas y hay otras tres desaparecidas.

Según Rodríguez, las “consecuencias dramáticas” de la DANA “ponen en evidencia” los impactos del cambio climático, que “algunos niegan”.

Ambos han expresado su pesar y la del Gobierno a las familias de los fallecidos en las localidades toledanas de Camarena, Vargas y Casarrubios del Monte y han explicado que los servicios de emergencia siguen trabajando para el rescate de los desaparecidos por las riadas e inundaciones.

Rodríguez ha recordado, asimismo, que existen planes aprobados por el Gobierno, con un presupuesto de 2.200 millones de euros, y que “están a disposición para la gestión de ayudas por parte de las administraciones locales y autonómicas” afectadas por los impactos del cambio climático, como sequías, incendios o inundaciones.

Ha manifestado el “reconocimiento” del Gobierno a todos los servidores públicos, especialmente a los de las fuerzas de seguridad el Estado, policías locales, Protección Civil y Emergencias “que han vuelto a dar lo mejor de sí mismos para afrontar y paliar las consecuencias de la DANA que ha afectado a gran parte del país”.

La ministra portavoz ha expresado su reconocimiento asimismo “a la ciudadanía que han respetado las recomendaciones de las autoridades” durante la DANA.

Grande-Marlaska ha explicado que los 37 incendios por los que se han declarado zonas catastróficas en las siete comunidades autónomas “fueron de tal gravedad” que Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, se vio obligada a decretar la alerta 1 o 2 en las zonas afectadas por el fuego.

La declaración de “zona afectada por la emergencia” en los 37 incendios permite a todos los ciudadanos afectados poner en marcha ya la solicitud de ayudas económicas necesarias para recuperar la normalidad de su vida cotidiana”.

Al hilo de esta declaración, los ministerios para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de Defensa, Ciencia e Innovación, así como el de Interior, han elevado un informe sobre la evolución de los incendios forestales de Protección Civil hasta agosto de 2023, según el ministro.

Según los datos del informe de evolución de incendios de la Dirección de Protección Civil y Emergencias, ha dicho Marlaska, tiene especial relevancia el de Arafo (Tenerife) que “sigue activo” desde el pasado 15 de agosto y ha devastado ya una superficie que “supera las 14.755 hectáreas pertenecientes a 13 localidades distintas”.

El incendio de Arafo obligó a evacuar más de 22.300 personas, según ha recordado Marlaska.

Este Gobierno “siempre ha tenido claro no dejar a nadie atrás” cuando se produce una situación de este tipo”, ha remarcado.

Hasta agosto, ha explicado, “se han registrado 87 incendios, 18 considerados grandes incendios (más de 500 hectáreas), que han calcinado más de 66.000 hectáreas, solo dos puntos por debajo de la media de la última década”.

Unas 47.000 hectáreas, el 60 % de esta extensión, ha sido “devastada por los 18 grandes incendios”, según el ministro del Interior en funciones.

Marlaska ha asegurado que “el Estado ha tenido y tiene activados todos los medios de prevención y extinción incendios que apoyan a las comunidades autónomas en este reto común que nos involucra a todos”.

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno central se incluyen ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente por 18.000 euros; ayudas por destrucción o daños en enseres de primera necesidad –con un límite de 2.580 euros–; ayudas por destrucción total de la vivienda habitual con un máximo de 15.120 euros; ayudas por daños a la estructura de la vivienda habitual –el 50% y un máximo de 10.320 euros–; ayudas por otros daños en la vivienda habitual –el 50% con un máximo de 5.160 euros–; ayudas por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios –el 50% con un máximo de 9.224 euros–; ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes –importe total de los gastos–; ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos con hasta 9.224 euros y ayudas a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, entre el 50% y el 100%, según los casos.

El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

Asimismo se permite la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que corresponden a los receptores de estas ayudas o que el Ministerio de Política Territorial concederá ayudas, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.