El Consejo de la Juventud de Canarias alerta de las dificultades que continúa afrontando la población joven del Archipiélago para acceder a una vivienda y desarrollar un proyecto de vida autónomo. Según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España correspondientes a 2025, solamente el 15,4% de las personas de entre 16 y 29 años residentes en Canarias estaba emancipada, un punto porcentual menos que el año anterior.
En total, 56.747 personas jóvenes de esta franja de edad vivían fuera de su hogar de origen, un 1,6 % menos que en 2024. La tasa de emancipación ha pasado de situarse en torno al 30% entre 2007 y 2009 a representar aproximadamente la mitad en 2025 (15,4%), una evolución que evidencia el progresivo retraso en la salida del hogar familiar y las dificultades que las sucesivas crisis económicas y sociales han generado para alcanzar la independencia residencial.
A esta situación se suma un contexto de vulnerabilidad económica: el 32,4 % de la población joven canaria se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025. La combinación del encarecimiento de la vivienda, unos ingresos insuficientes y las dificultades para acceder a empleos de calidad continúa limitando las posibilidades de emancipación de miles de jóvenes.
La presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, Eliana Parrilla, ha señalado que “los datos vuelven a demostrar que emanciparse se ha convertido en un desafío enorme para la juventud canaria. No hablamos únicamente de poder salir del hogar familiar, sino de tener la posibilidad de construir un proyecto de vida propio con estabilidad, autonomía y unas condiciones dignas”.
Parrilla ha reclamado a las administraciones públicas que refuercen las políticas de vivienda y empleo dirigidas a la población joven. “No podemos normalizar que una persona joven que trabaja tenga que dedicar más de lo que gana a pagar un alquiler. Necesitamos medidas concretas y sostenidas, no promesas: vivienda asequible, mejores condiciones laborales y políticas públicas que respondan a la realidad que vivimos”, ha añadido.
El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales obstáculos para la emancipación juvenil en Canarias. El Observatorio sitúa en 1.224 euros mensuales la renta mediana de una vivienda libre en alquiler a finales de 2025, un incremento interanual del 8,5%.
Con estos precios, una persona joven asalariada tendría que destinar el 126,5% de su salario al pago del alquiler de una vivienda en solitario. En otras palabras, sus ingresos mensuales no serían suficientes para cubrir la renta, incluso antes de afrontar gastos básicos como la alimentación, los suministros, el transporte o cualquier otro desembolso económico.
La situación también es complicada para quienes intentan acceder a una vivienda compartida. En las capitales de provincia, el alquiler mediano de una habitación alcanzaba los 410 euros mensuales en Santa Cruz de Tenerife y los 400 euros en Las Palmas de Gran Canaria. Estas cantidades representan, respectivamente, el 42,4% y el 41,3% del salario de una persona joven asalariada.
Por provincias, el alquiler de una vivienda completa ascendía a 1.208 euros mensuales en Santa Cruz de Tenerife y a 1.232 euros en Las Palmas. En ambos casos, el coste superaba ampliamente la capacidad adquisitiva de una persona joven que pretendiera emanciparse en solitario.
La compra tampoco constituye una alternativa accesible para la mayoría. El precio medio de la vivienda libre alcanzó los 214.610 euros en Canarias, tras incrementarse un 13,5 % en un año. La vivienda libre nueva se situó en 238.850 euros, mientras que la de segunda mano alcanzó los 214.210 euros. Por su parte, la vivienda protegida registró un precio medio de 120.430 euros.
Para acceder a una vivienda libre en propiedad mediante financiación hipotecaria, una persona joven asalariada tendría que destinar el 85,2 % de su salario al coste de acceso. Además, necesitaría reunir una entrada inicial de 64.383 euros, equivalente a 5,5 años de su salario anual íntegro, suponiendo que pudiera dedicarlo por completo a ese objetivo.
El informe también sitúa en 2.748 euros netos mensuales los ingresos necesarios para adquirir una vivienda libre, una cantidad muy superior al salario medio de una persona joven. La brecha entre los ingresos y los precios inmobiliarios dificulta tanto la capacidad de ahorro como la posibilidad de acceder a una hipoteca asumible.
Por todo ello, desde el Consejo de la Juventud de España se insiste en la necesidad de abordar el problema de la vivienda como una cuestión estructural. La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Sara Villodre, ha defendido que “la juventud necesita condiciones materiales que le permitan decidir sobre su futuro sin que el precio de la vivienda determine todas sus oportunidades. No podemos hablar de igualdad de oportunidades si independizarse depende de los recursos económicos de la familia o de asumir un esfuerzo financiero inasumible”.
Villodre ha subrayado la importancia de coordinar las políticas públicas de vivienda, empleo y protección social para garantizar alternativas reales de emancipación. “El acceso a una vivienda digna no puede seguir siendo una meta inalcanzable. Es necesario impulsar medidas eficaces que amplíen la oferta asequible y permitan que las personas jóvenes construyan sus proyectos vitales con seguridad y autonomía”, ha señalado.
Tres de cada diez jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social
La dificultad para acceder a una vivienda se produce en un contexto de vulnerabilidad económica que afecta a casi un tercio de la población joven canaria. El 32,4% de las personas de entre 16 y 29 años se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, frente al 23,6% registrado entre las personas de 30 a 34 años.
Por sexo, la incidencia entre la población de 16 a 29 años era mayor entre los hombres, con un 34,3%, frente al 30,5% de las mujeres. La vulnerabilidad también presentaba diferencias importantes según el nivel educativo: afectaba al 79,6% de quienes tenían estudios primarios o inferiores, mientras que descendía al 22% entre quienes habían alcanzado estudios superiores.
La situación laboral tampoco garantiza escapar de la pobreza. El 25,6% de las personas jóvenes ocupadas se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, porcentaje que alcanzaba el 39,8% entre la población inactiva.
Las prestaciones sociales desempeñan un papel relevante en la reducción de esta vulnerabilidad. Entre la población joven emancipada, la tasa de pobreza pasaría del 25,8% al 39,7% si se descontara el efecto de las prestaciones sociales recibidas. Estos datos muestran la importancia de las políticas de protección social para sostener las condiciones de vida de la juventud.
Más jóvenes con estudios, pero con más dificultades para encontrar empleos acordes a su formación
El informe refleja que Canarias contaba en 2025 con 367.847 personas de entre 16 y 29 años, el 18,6% de la población total del Archipiélago. Esta cifra representa un aumento interanual del 4,8%, en contraste con la reducción del número de jóvenes emancipados.
En el ámbito educativo, siete de cada diez personas jóvenes habían alcanzado un nivel de estudios igual o superior a la secundaria postobligatoria. En concreto, el 46,3% contaba con estudios secundarios postobligatorios y el 25,2% había alcanzado estudios superiores. Además, el 53,5% de la población joven estaba cursando algún tipo de formación reglada o no reglada.
Sin embargo, la mejora del nivel educativo no elimina las dificultades de inserción laboral. El abandono educativo temprano se situó en el 15,9% en 2025, por encima de la media estatal situada en el 12,8%. Canarias fue la segunda comunidad autónoma con mayor tasa en este indicador, solo por detrás de la Región de Murcia.
Por otro lado, el 46,5% de las personas jóvenes ocupadas con estudios superiores que ya no continuaban formándose estaban sobrecualificadas, es decir, desempeñaban un empleo que requería un nivel de formación inferior al alcanzado. Asimismo, según el informe del Consejo de la Juventud, el 28,9% de la población joven ocupada compatibilizaba estudios y trabajo, una situación más frecuente entre las mujeres, con un 35%, que entre los hombres, con un 23,1%.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad del empleo y favorecer que la formación adquirida se corresponda con las oportunidades laborales disponibles en las Islas.
El empleo mejora, pero persisten la temporalidad y la incertidumbre
La tasa de empleo juvenil alcanzó el 47,6% en 2025, con 168.115 personas ocupadas de entre 16 y 29 años. La tasa de paro se situó en el 17,8%, ligeramente por encima de la media estatal (17,2%), aunque descendió 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior.
El desempleo afectaba de manera desigual según el sexo: la tasa de paro era del 18,2% entre los hombres jóvenes y del 17,2% entre las mujeres. Por edad, el indicador alcanzaba el 19,4% entre las personas de 16 a 24 años y el 16,5% entre las de 25 a 29 años.
En cuanto a la contratación, el 70% de las personas jóvenes asalariadas tenía un contrato indefinido, tras aumentar esta modalidad un 19,8% interanual. No obstante, el 30% continuaba trabajando con un contrato temporal, porcentaje que ascendía al 35,6% entre quienes tenían de 16 a 24 años.
Entre las personas jóvenes con contratos temporales, el 41,5% desconocía la duración de su contrato, aunque sabía que era superior a un mes. Esta incertidumbre dificulta la planificación económica, la capacidad de ahorro y la posibilidad de asumir compromisos de larga duración, como el alquiler o la compra de una vivienda.
A ello se suma que el 13,1% de la población joven no estudiaba ni trabajaba en 2025, lo que equivalía a 46.352 personas. Además, el 5,6% de la población de entre 16 y 29 años llevaba doce meses o más en situación de desempleo, una proporción superior a la media estatal, situada en el 3,8%.
La emancipación también depende de la edad, los estudios y el lugar de residencia
Las posibilidades de emancipación presentan diferencias significativas entre los distintos grupos de población joven. Entre las personas de 16 a 24 años, solo el 7,6% estaba emancipada, frente al 27,7% de quienes tenían entre 25 y 29 años. En el grupo de 30 a 34 años, la tasa alcanzaba el 53,4%.
Por sexo, la emancipación era más frecuente entre las mujeres jóvenes de 16 a 29 años, con una tasa del 17,2%, frente al 13,6% de los hombres. Sin embargo, la tasa femenina registró una caída interanual de 1,8 puntos porcentuales, mientras que la masculina descendió 0,3 puntos.
El nivel educativo también influyó en las posibilidades de salir del hogar familiar. La tasa de emancipación alcanzó el 29,4% entre las personas jóvenes con estudios superiores, frente al 6,6% de quienes tenían estudios secundarios obligatorios. Asimismo, las personas que ya habían entrado en el mercado laboral, tanto ocupadas como desempleadas, presentaban tasas de emancipación del 26,5% y del 27%, respectivamente. Entre la población inactiva, mayoritariamente vinculada a los estudios, el indicador se reducía al 3,8%.
También se observaban diferencias según el lugar de nacimiento. La tasa de emancipación era del 14,4% entre las personas jóvenes nacidas en Canarias y del 19,6% entre las nacidas en otros países.
Por tamaño del municipio, la tasa de emancipación alcanzó el 22,1% en las zonas de densidad intermedia, frente al 9,7% en las zonas densamente pobladas y al 12,6% en las escasamente pobladas.
Por provincias, el 15% de la población joven de Las Palmas estaba emancipada a finales de 2025, frente al 13,2% de Santa Cruz de Tenerife. La evolución interanual fue desigual: la tasa aumentó más de cinco puntos porcentuales en Las Palmas y descendió casi en la misma proporción en Santa Cruz de Tenerife.
Por otra parte, el Archipiélago cerró el 2024 con un saldo positivo de 9.891 personas jóvenes procedentes del extranjero. En total, llegaron 17.934 jóvenes y emigraron 8.043.
El saldo fue especialmente positivo entre las personas de nacionalidad extranjera, con 9.195 jóvenes más, mientras que el saldo correspondiente a personas de nacionalidad española fue de 696. Más del 80% de quienes emigraron al extranjero eran personas de nacionalidad extranjera.
Estos movimientos demográficos reflejan la diversidad de la población joven residente en Canarias y refuerzan la necesidad de desarrollar políticas de vivienda, empleo, formación y protección social que respondan a las distintas realidades de quienes viven en las Islas.
Ante los resultados del Observatorio de Emancipación de 2025, el Consejo de la Juventud de Canarias considera prioritario reforzar las políticas de acceso a la vivienda, ampliar las alternativas de alquiler asequible y mejorar la estabilidad laboral y los ingresos de la población joven.
La organización reclama también medidas para combatir la pobreza juvenil, reducir el abandono educativo temprano, facilitar la incorporación al mercado laboral y evitar que las personas con formación superior se vean obligadas a aceptar empleos por debajo de su cualificación.
Al respecto, Eliana Parrilla ha insistido en que “la juventud no puede seguir esperando para construir su futuro. Necesitamos que las administraciones actúen de manera coordinada y que las políticas públicas respondan a los problemas reales de nuestra generación. No basta con tener empleo o formación si después no podemos pagar una vivienda ni vivir con autonomía”.
El Consejo de la Juventud de Canarias recuerda que la emancipación juvenil no es únicamente una cuestión residencial, sino un indicador de igualdad de oportunidades, bienestar y cohesión social. Garantizar que las personas jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida propio requiere políticas sostenidas que permitan acceder a una vivienda digna, contar con ingresos suficientes y afrontar el futuro con estabilidad.
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