Las diez defensorías del pueblo del Estado proponen reconocer la vivienda como un derecho subjetivo exigible ante las administraciones públicas, incrementar de forma significativa el parque de vivienda social y reforzar la inversión pública para garantizar el acceso a un hogar digno y adecuado. Estas propuestas forman parte del decálogo de conclusiones elaborado tras un año de trabajo y presentado este viernes en las 39º Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, organizadas por la Diputación del Común de Canarias bajo el lema ‘Abriendo las puertas al futuro de la vivienda’.
Para la Diputada del Común, Lola Padrón, este planteamiento sitúa la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda en las administraciones competentes, y permite abordar el problema desde su dimensión social y de protección de los derechos ciudadanos. Del mismo modo, destacó la relevancia de un acuerdo que se ha alcanzado por consenso entre todas las defensorías de España. “La vivienda no puede entenderse exclusivamente como un bien sujeto a las dinámicas del mercado, puesto que sus condiciones de acceso y mantenimiento determinan las posibilidades de desarrollar una vida digna y de ejercer otros derechos”, reflexionó.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, es de la opinión de que “los problemas importantes”, como el de la vivienda, “solo se pueden solucionar coordinadamente, mediante espacios de colaboración”, y reivindicó “el acuerdo y el trabajo conjunto para afrontar la desafección, que puede acabar poniendo en cuestión la democracia”, señaló.
El decálogo consensuado en las 39º Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo recoge una de las propuestas que el cuadro de expertos ha defendido durante la preparación de este encuentro: la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento expreso de la vivienda como un derecho subjetivo, de manera que las personas que no puedan acceder a ella en condiciones de mercado, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, puedan exigir a las administraciones una respuesta.
El acuerdo de las defensorías reclama, además, un incremento significativo y sostenido del parque de vivienda social y protegida, hasta alcanzar, como mínimo, los estándares europeos. Para ello, plantea mantener de forma permanente la calificación protegida de las viviendas públicas, priorizar el alquiler asequible y evitar que estos inmuebles terminen incorporándose al mercado libre. También insta a ampliar la inversión pública mediante nuevas promociones, rehabilitación, movilización de viviendas deshabitadas y fórmulas de colaboración público-privada sujetas a garantías de asequibilidad.
Las conclusiones subrayan igualmente la necesidad de una actuación coordinada entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, de acuerdo con las competencias que corresponden a cada nivel administrativo. Esta cooperación debe acompañarse de una planificación rigurosa de las necesidades residenciales, una mayor disponibilidad de suelo para vivienda protegida y recursos presupuestarios suficientes para desarrollar políticas públicas estables.
Otro de los aspectos destacados es la obligación de las administraciones de ofrecer respuestas concretas a las personas inscritas en los registros de demandantes de vivienda. Las defensorías consideran necesario superar el funcionamiento de estos registros como meras listas de espera y garantizar que cada solicitud reciba una resolución expresa en un plazo razonable, con información sobre las actuaciones previstas para atenderla. El decálogo también reclama reforzar las ayudas al alquiler, adaptar sus cuantías y requisitos a la realidad del mercado inmobiliario y mejorar la transparencia y agilidad de la gestión pública.
El texto incorpora igualmente la necesidad de intensificar la supervisión de los alquileres de uso turístico y de los contratos de temporalidad para evitar sus efectos adversos sobre la oferta residencial de larga duración. Asimismo, reclama una atención prioritaria a las personas en situación de especial vulnerabilidad, entre ellas menores, personas mayores, víctimas de violencia de género y personas sin hogar, además de actuaciones integrales frente a la segregación residencial y los asentamientos informales.
Con este acuerdo, las diez defensorías del pueblo trasladan a las administraciones públicas una posición común sobre la dimensión social del problema de la vivienda y la necesidad de que las políticas públicas ofrezcan garantías efectivas. Lola Padrón ha impulsado desde Canarias este espacio de coordinación institucional con el objetivo de contribuir a que el derecho a una vivienda digna y adecuada tenga una traducción concreta en la vida de la ciudadanía.
COMENTARIOS (1)
Tremendo... Dentro de un siglo se hablará de esto.