El eurodiputado canario del Partido Popular, Gabriel Mato, defendió hoy, en la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, que la revisión del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) debe contribuir a la descarbonización sin perjudicar la competitividad de las regiones ultraperiféricas y añadió que “no se puede descarbonizar encareciendo todavía más la insularidad”.
El Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) es uno de los principales instrumentos de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Su funcionamiento se basa en el principio de que quien contamina paga: las empresas de los sectores incluidos en el sistema deben disponer de derechos de emisión por el CO₂ que generan, de manera que emitir carbono tiene un coste económico. Desde 2012 se aplica también a la aviación y, desde 2024, al transporte marítimo.
Junto al ETS funciona el denominado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que busca evitar que las empresas europeas que soportan ese coste compitan en desventaja frente a productos importados de países con normas climáticas menos exigentes. Para ello, determinados productos que entran en la UE (como acero, aluminio, cemento o fertilizantes) deben asumir también un coste vinculado a las emisiones generadas durante su producción.
No es la primera vez que Mato libra esta batalla en Bruselas. Durante la negociación tanto del ETS como del CBAM, defendió que la legislación climática europea debía reconocer las singularidades de las regiones ultraperiféricas y consiguió introducir salvaguardas específicas para evitar que Canarias soportara un coste desproporcionado. Ahora, con la revisión de estas normas, vuelve a seguir de cerca la negociación para que esos avances no se pierdan y, en el caso del transporte aéreo y marítimo, las excepciones previstas para las RUP se prorroguen hasta 2035.
Mato valoró que la propuesta de la Comisión Europea plantee prolongar hasta el 31 de diciembre de 2035 las excepciones para las conexiones aéreas y marítimas de estos territorios. “Supone un reconocimiento de su situación específica” e insistió en que el debate debe tener presente “por qué esas excepciones son necesarias”.
“En Canarias, el transporte aéreo y marítimo no son una alternativa. Son una necesidad», afirmó. La ciudadanía depende de estas conexiones para desplazarse y las empresas, para recibir suministros y acceder a los mercados. A diferencia de lo que ocurre en la Europa continental, las islas no disponen de una conexión por carretera o ferrocarril que pueda compensar un aumento de los costes del transporte.
El eurodiputado advirtió de que trasladar los costes del carbono a estas rutas esenciales acabaría afectando también a los pasajeros, los consumidores y las empresas. Según explicó, encarecería la vida y la logística, dificultaría la producción y la inversión local y debilitaría la competitividad de las empresas y los puertos canarios.
“La conectividad de una región ultraperiférica no puede considerarse un mercado que se ajuste automáticamente. Si una conexión deja de ser económicamente viable por el aumento de los costes, no existe otra ruta esperando para sustituirla”, subrayó.
Mato pidió que la revisión del ETS mantenga un tratamiento específico para las regiones ultraperiféricas y ofrezca previsibilidad hasta 2035 y más allá, en línea con el artículo 349 del Tratado. “La transición climática debe ser ambiciosa, pero también justa y territorialmente coherente. Las regiones ultraperiféricas no pueden pagar un precio desproporcionado por una política climática que no tenga suficientemente en cuenta su realidad geográfica”, concluyó.
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